Ciudad de México. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó modificaciones generales a las regulación de los intermediarios financieros especializados para reducir el riesgo que tienen al otorgar crédito, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

Mediante la “resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas”, publicada hoy en el DOF, la SHCP limitó los préstamos que pueden obtener los socios de las uniones de crédito. 

Se trata de una figura jurídica que despegó a principios de la década de los 90 que funciona como una fuente de financiamiento entre empresarios -que bajo la ley se denominan socios- quienes comparten la misma región o actividad; para fondear sus créditos, realizan sus propias aportaciones. 

Con los cambios a la regulación, la SHCP busca elevar el impacto que tienen en el desarrollo económico y social en sus zonas de influencia.

Por ello, en el  Artículo 105 Bis 1 de la Resolución, quedó establecido que las uniones de crédito deberán solicitar la documentación necesaria para verificar si un socio forma parte de un grupo de personas que representan riesgo común. 

Es decir, deberán cerciorarse de que al momento de realizar o solicitar financiamientos la suma de los préstamos no supere el 5 por ciento del capital neto de la unión de crédito al cierre del tercer mes anterior al de la fecha en que se realiza el cómputo de ese financiamiento.

Las uniones de crédito tendrán seis meses a partir de mañana, para determinar los procedimientos de integración de datos que les permita cerciorarse de la existencia de riesgo común. 

La SHCP explicó que en la regulación del sector se ha detectado la necesidad de ajustar la norma en materia de límite máximo de financiamiento para los socios, tanto personas físicas como personas morales. 

Con ello, pretende incentivar el otorgamiento de crédito y el desarrollo de las actividades de producción de bienes y servicios que se realizan en zonas de rezago social. 

“Es necesario robustecer la normatividad de las uniones de crédito para dar seguimiento al ‘riesgo común’ que se puede presentar en las entidades otorgantes de financiamientos, permitiendo a las entidades identificar y gestionar de manera más eficiente los riesgos asociados con concentraciones de crédito”, detalló la dependencia que dirige Édgar Amador Zamora.