El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, manifestó su beneplácito por la aprobación de la reforma a los artículos 3, 31 y 73 constitucionales en el Congreso de la Unión, por lo que hizo un reconocimiento al Poder Legislativo, al señalar que con esta decisión se da un paso importante en la construcción de la nueva escuela mexicana.

La titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Olga Sánchez Cordero, pidió no prejuzgar las causas de la agresión en el zócalo de Cuernavaca, Morelos, con saldo de dos personas asesinadas.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador de Morena Eduardo Ramírez manifestó que se avanza en las leyes secundarias de la Guardia Nacional. Estamos en el debate de la ley orgánica de esa corporación, porque los militares quieren que se cuenta con una legislación de tipo castrense, en disciplina y sanciones, pero los partidos de oposición quieren un régimen civil.

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano reconoció que el país es una enorme fosa clandestina que enfrenta una emergencia forense, con más de 26 mil restos sin ser identificados en los anfiteatros del país, e insuficientes especialistas en arqueología y antropología forense. Frente a esa realidad, representantes de la sociedad civil exigieron la creación de un mecanismo forense extraordinario.

Pese a contar con la asesoría del personal de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para llenar su declaración patrimonial de modificación, la mayoría de los secretarios de Estado o encargados de dependencias que realizaron ese trámite el miércoles pasado cometieron diversos errores o cayeron en inconsistencias, en particular en lo que se refiere a su nivel de ingresos.

Legisladores argentinos que visitaron San Lázaro por dos días como parte de una reunión interparlamentaria, propusieron a la Cámara de Diputados la creación de la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Transnacional Organizado (Copla), que abordaría delitos de corrupción cometidos en distintos países, como el caso Odebrecht, o de narcotráfico.

Por instrucciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Oficina de la Presidencia de la República deberá dar a conocer la información sobre las contrataciones en materia de publicidad en medios de comunicación que haya realizado entre 2012 y 2019.