Destacaron que el gobierno canceló 16 órdenes de aprehensión, y se ha naufragado en el caso Ayotzinapa, “y ya no vemos que en este sexenio se vaya a resolver”.
Vidulfo Rosales señaló que la confianza y el diálogo dependerá de la reactivación de 21 órdenes de aprehensión y nombramiento del nuevo fiscal para el caso.
Aclara muchas dudas, como las pruebas en contra de elementos del Ejército que están dificultando la investigación y que se niegan a aportar datos, señala.
Vidulfo Rosales, representante legal de los padres de los normalistas, señaló que los “puntos negros” de la investigación se encuentran en la FGR y en el Ejército