Guanajuato, Gto. Ante un “supuesto” hackeo al sistema de la Fiscalía General del Estado (FGE), que ha negado la dependencia, la diputada de Morena Hades Aguilar Aguirre solicitó ante el pleno del Congreso que sean auditados 4 mil 457 millones de pesos de la partida Efectividad del sector de procuración de justicia.
En tribuna la diputada mencionó que supuestamente el sistema de la fiscalía general fue intervenido por un grupo llamado Tekir APT con el robo de 250 gigabytes de información sensible.
“Hace algunos días a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se le cayó el sistema; sin embargo, este hecho no es un hecho cualquiera, es uno de los incidentes tecnológicos más delicados que haya enfrentado una institución de seguridad pública en la entidad”, expuso en la sesión del pleno.
Ante esta presunta situación, presentó un punto de acuerdo para que se aplique una auditoría integral a la FGE, una revisión al ejercicio fiscal de 2025 y una revisión al programa presupuestario E030 Efectividad del sector de procuración de justicia en lo relativo a todos los procesos relacionados con la seguridad informática.
“En este contexto, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato cuenta con un programa denominado E030 Efectividad del sector de procuración de justicia, en el cual se invierten más de 4 mil 457 millones de pesos”, detalló.
Agregó que entre los proyectos del programa está el QC3113 Fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal, que cuenta con 151 millones de pesos.
“Este proyecto buscaba, entre otras cosas, adquirir 3 mil 257 licencias informáticas necesarias para la operatividad, seguridad y gestión de la información que se maneja en la Agencia de Investigación Criminal”, detalló.
Lamentó que, con 95 por ciento del presupuesto ejercido al tercer trimestre del año, no se hubiera adquirido ni una sola licencia.
“De las 151 licencias que se tenía como meta adquirir al principio de año, al 30 de septiembre todavía no se había adquirido ni una sola”, afirmó.
Y los 40 equipos informáticos para respaldar el proceso de acopio, análisis e intercambio de información en materia de seguridad pública, no se tenía ni uno solo en operación, dijo.
Añadió que con el proyecto QC3107 Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia tiene un presupuesto de 9 millones de pesos para la actualización de licencias informáticas, pero solo tienen una de las tres licencias que fijaron como meta.
“Se requiere una auditoría con un enfoque orientado al problema, que examine, verifique y analice las causas de los problemas de seguridad informática que vivió la Fiscalía General del Estado”, expuso.
