Ayer domingo, arribó a Washington DC una delegación mexicana compuesta por personas luchadoras sociales y miembros de organizaciones sociales y civiles para, en alianzas trinacionales, exponer ante el Congreso y la opinión pública lo que se requiere de la próxima revisión del T-MEC. Bienvenida una visión más allá de la mirada reduccionista, productivista, unidimensional, propia del neoliberalismo y tristemente latente en el posicionamiento del gobierno mexicano, que insiste en que “el tratado (T-MEC) ayuda a las tres economías” (https://tinyurl.com/5aennd4c).
Más allá de la manía por exportar “nuestras” mercancías y fortalecer “nuestras cadenas productivas” (dice Ebrard), la visita de la delegación mexicana a Washington, me comenta Tania del Moral, coordinadora de la gira por la organización Global Exchange, “es parte de la lucha histórica contra las políticas comerciales que han empeorado la migración forzada, aumentado la desigualdad de la riqueza, facilitado el extractivismo corporativo y violado los derechos humanos y territorios de los pueblos indígenas”.
Durante décadas, OSC de los tres países han trabajado por superar el dogma de mantener las “cadenas de valor” (¿quién se queda al final con el valor?, sería la pregunta), de defender “nuestras exportaciones” (concentradas por empresas trasnacionales), y de atraer inversión extranjera sin requisitos de desempeño (que están prohibidos en los TLC). Es más urgente que nunca entender y atender la amenaza que representan los grandes intereses del capital trasnacional desde la entrada del TLCAN en 1994. Ahora con el T-MEC, que si bien tiene otro nombre y algunas modificaciones, aún representa una amenaza a nuestra soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos.
Las consultas a sectores productivos sobre las supuestas oportunidades de exportación que representa el T-MEC resultan parciales, ya que no se trata sólo de un tratado de libre comercio de mercancías y servicios, sino de una amplia variedad de acuerdos que socavan la capacidad regulatoria del Estado en favor de los intereses de las grandes corporaciones extractivas, agroindustriales, financieras, de automóviles, del big-tech y de demás manufacturas y servicios.
No debe pasar desapercibido, como me parece que ocurre, que un grupo de CEO de poderosas empresas estadunidenses, incluyendo General Motors, United Airlines, JP Morgan Chase, Apple, FedEx y Walmart, piden a Trump que se restablezca por completo el sistema de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) tal y como existía en el capítulo 11 del TLCAN. Hay que recordar que con el T-MEC, el ISDS –que permite a empresas demandar a Estados directamente en tribunales supranacionales, como el CIADI del Banco Mundial– se ha eliminado entre Estados Unidos y Canadá, y limitado entre México y Estados Unidos, a empresas con contratos gubernamentales en el sector hidrocarburos.
El llamado de los CEO a restablecer el neocolonial sistema de “seguridad” a sus inversiones se da en el marco de la carta de la Business Roundtable –que es una organización de más de 200 corporaciones más grandes de Estados Unidos– al representante gubernamental de comercio (USTR), en la que se incluye la queja de que “México ha adoptado una serie de medidas en los últimos años, especialmente en sectores estratégicos como la energía, las telecomunicaciones y la aviación, que benefician a sus empresas estatales o nacionales”. El USTR, continúa la carta, “debería insistir en que México ponga fin a la discriminación de las empresas estadunidenses en favor de sus empresas estatales o nacionales” (trad. propia). La lista de demandas para abrir más al país a sus intereses es extensa (ver https://tinyurl.com/2nysvk6x).
Es inaceptable para México que los CEO de las empresas citadas se entrometan en contra de las recientes reformas judiciales de México. Argumentan que “enfriarán el clima de inversión en México y que disputas entre inversionistas y gobierno estén sujetas a consideraciones políticas en lugar de ‘al imperio de la ley’”. Se queja la Mesa de Negocios de que “en los últimos cinco años, México ha tomado varias medidas preocupantes que han afectado negativamente a las inversiones estadunidenses en el país, como la expropiación de una cantera propiedad de una empresa estadunidense (trad, propia)”. Se trata precisamente de la minera Legacy Vulcan LLC, propietaria de Calica, la contaminante mina en las inmediaciones de Playa del Carmen (ver La Jornada 25/11/03).
¡Estemos alerta! No me cabe duda de que las intenciones de Estados Unidos serán ir mucho más allá de mantener el statu quo, y no de deshacer el T-MEC como amenaza Trump, sino de intensificarlo y profundizarlo para satisfacer la rapacidad y mendacidad de la plutocracia estadunidense en colusión con la estrecha élite empresarial mexicana dispuesta, bajo los rezagos del neoliberalismo salinista, a vender todos los activos posibles y entregar los recursos naturales del país al mejor postor.
Bienvenida a Washington la delegación mexicana de personas luchadoras por los derechos humanos y del pueblo mexicano, a la cual la 4T debe acompañar y recibir de regreso al país como muestra de su apego a un ¡comercio justo con democracia! Vienen desde Quintana Roo hasta Chihuahua personas en defensa del maíz, miembros del Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia y otras personas defensoras de derechos humanos. Traen consigo la Declaratoria Conjunta del Encuentro Nacional. Asamblea de Incidencia frente al T-MEC (https:// tinyurl.com/3utkart2).
Destaco, de entre las mesas de la asamblea (que incluyen derechos laborales, agricultura, seguridad humana y paz), una propuesta de la mesa ambiental, pues corresponde a este artículo: promover “la eliminación completa del mecanismo de resolución de disputas inversionista-Estado, como Estados Unidos y Canadá ya lo han hecho entre sí en el mismo T-MEC”. Ni un paso atrás, basta de ceder privilegios a la inversión extranjera.
*Institute for Policy Studies (www. ips-dc.org)
