México. Durante la administración de la ex ministra Norma Lucía Piña Hernández, el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) recibió 9 mil 871 denuncias entre 2023 y 2024; sin embargo, sólo sancionó a 4 por ciento, es decir, a 381 servidores públicos del Poder Judicial de las Federación (PJF).

Los datos del organismo refieren que en 2023 registró 5 mil 289 acusaciones ante el incumplimiento de las obligaciones del personal adscrito al CJF, de las cuales 585 fueron procedentes, 3 mil 964 improcedentes, 146 incompetentes, 187 quedaron pendientes de atención y 407 se catalogaron con otro estatus.

Los motivos fueron por actos de corrupción, nepotismo, acoso laboral, conductas contra el género, acoso y hostigamiento sexual, abuso de posición jerárquica, así como por conductas contrarias a los principios de legalidad, honradez y lealtad.

En ese año, emitió 103 sanciones, entre ellas 39 amonestaciones públicas, 11 privadas, 17 suspensiones de empleo, hubo cinco destituciones, nueve inhabilitaciones, cuatro penas económicas y 27 recibieron otro tipo de sanciones.

En 2024, el CJF admitió 4 mil 582 querellas, de las cuales 605 fueron pertinentes, 3 mil 500 las consideró improcedentes, 186 incompetentes, seis pendientes de atención y 285 las clasificó con otra categoría.

De acuerdo con los registros judiciales, en esos dos años 21 resultaron en inhabilitación, 61 amonestaciones públicas y 121 privadas, 11 destituciones del empleo, 59 suspensiones del trabajo, cargo o comisión y seis sanciones económicas, por mencionar algunas.

Como parte de la Reforma Judicial, la semana pasada se instaló la comisión de disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial. Este organismo es el encargado, entre otras cosas, de procesar y dar seguimiento a las quejas o denuncias presentadas contra servidores públicos del PJF por posibles faltas administrativas.

Ahí, el magistrado Rufino H. León Tovar, presidente de la comisión, se comprometió junto con sus compañeros Celia Maya García y Bernardo Bátiz Vázquez, “a velar por los intereses de México y a castigar con severidad y sin distingo a quienes en la impartición de justicia incumplan la ley”.

Pero no sólo eso, afirmó que la comisión de disciplina será transparente, accesible, justa y que cada proceso será llevado con apego a la ley, se respetarán los derechos de todas las partes, se verán a los juzgadores como sujetos de derechos, lo que garantiza un debido proceso, pero a la vez siendo empáticos con las necesidades y reclamos de los justiciables.

Reiteró que procederán con la firmeza que exige la lucha a la corrupción. “No habrá espacio para la impunidad, porque la ley será aplicada con equidad sin importar el cargo o la jerarquía de quien la transgreda”, y sostuvo que junto con el Tribunal de Disciplina Judicial serán garantes de la erradicación de la corrupción en México.