Guadalajara, Jal. En el aniversario número 100 de su refundación, celebrado entre otros actos con una sesión solemne en el Congreso del estado, la Universidad de Guadalajara (UdeG), la segunda más grande del país por el número de sus alumnos (336 mil), llegó no sólo con el mayor presupuesto de su historia y finanzas sanas, sino también con recientes manifestaciones de inconformidad de muchos estudiantes y docentes de sus diferentes campus.

Las aguas tranquilas por las que navegó la UdeG desde que en 1990 el entonces rector, Raúl Padilla López, consolidó al grupo político que hasta la fecha dirige a la casa de estudios, se vieron enturbiadas por las movilizaciones y organización de sus estudiantes que piden democratizar la vida interna institucional y ofrecer a los profesores un mejor sueldo y garantías laborales, entre otras demandas.

El movimiento comenzó a tomar fuerza en septiembre pasado, impulsado por la Asamblea Estudiantil Interuniversitaria, una fuerza independiente a la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), organismo reconocido por la administración central como representante del alumnado. 

Además, la asamblea exigió la cancelación de las elecciones del Consejo General Universitario (CGU), máximo órgano de gobierno en la UdeG, y el desconocimiento de la citada FEU como representante de los estudiantes.

La tarde del 10 de septiembre anterior, alumnos de varios campus se manifestaron en la torre de rectoría y entregaron un pliego petitorio. Después de que el diálogo con el secretario general de la UdeG, César Barba Delgadillo, fracasó, decidieron establecer un plantón en el recibidor de la planta baja. 

Alrededor de las 20 horas de ese día, personal administrativo, profesores y trabajadores desalojaron a los estudiantes con violencia, lo que desató un zafarrancho en el que abundaron golpes y empujones. Alumnos identificaron a varios agresores, incluido el docente José Antonio González Orozco, quien a la fecha no sido sancionado.

En respuesta a la represión, el 11 de septiembre los estudiantes ocuparon el edificio A del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades durante toda la noche, pese a otra trifulca que se generó con un grupo de choque con miembros de la FEU que intentó impedir la toma.

Durante esa semana, se realizaron asambleas en varios centros universitarios para organizar una posible huelga general. 

El 12 de septiembre, los campus de humanidades y de ingenierías cancelaron clases, en este último trabajadores y guardias desalojaron a los inconformes y soldaron la puerta de ingreso para impedir el paso.

El 17 de septiembre, la rectora, Karla Planter, rechazó la cancelación de las elecciones del CGU, citando motivos de ilegalidad y violación de la normatividad. 

Planter afirmó que peticiones como la mejora de espacios eran atendibles e instruyó a la Defensoría de los Derechos Universitarios a investigar los hechos violentos. 

Un día después, al menos 100 docentes de tres campus de la UdeG firmaron un manifiesto en solidaridad con el movimiento, condenaron la represión e intimidación, y exigieron la destitución de los agresores.

El 22 de septiembre, unos 800 estudiantes y profesores marcharon desde rectoría hasta el palacio de gobierno, donde instalaron un plantón. Una comisión estudiantil entregó el pliego petitorio dirigido a la rectora Planter y al gobernador, Pablo Lemus.

Hoy la asamblea interuniversitaria, que la administración central de la UdeG acusa de estar infiltrada por grupos externos porque varios de los alumnos que participan en las protestas militan en la Unión de la Juventud Revolucionaria de México (UJRM), continúa realizando asambleas en buena parte de los planteles que integran la red de campus en todo el estado.

Algunos miembros reconocen pertenecer a la UJRM pero también han comprobado que son alumnos y por tanto no son externos, tal como otros universitarios militan en partidos políticos, en especial los que están afiliados a la FEU, la cual se ha convertido, luego de tres decenios de existencia, "en un trampolín político para escalar tanto en la administración pública como en la universitaria".

Este año la UdeG tiene un presupuesto histórico de 18 mil 602 millones de pesos, el segundo más nutrido de la administración pública en Jalisco, superior a los municipios de Guadalajara o Zapopan. 

Esos recursos son los primeros que incluyen el Presupuesto Constitucional, que obliga al gobierno estatal a destinar el cinco por ciento de su gasto total anual a la UdeG. 

Los recursos proceden de un subsidio federal ordinario de 7 mil 548 millones, otro estatal ordinario de 8 mil 445 millones que corresponden al cinco por ciento constitucional, además de mil 875 millones de pesos en ingresos autogenerados.