Guadalajara, Jal. Dos marchas contra la violencia en México se realizaron ayer en esta ciudad; una de ellas convocada por residentes michoacanos en Guadalajara para reclamar justicia por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y otra, por varios colectivos dentro de la jornada nacional contra la inseguridad que imponen el “capital, el narco y el Estado”.

En ambas movilizaciones se destacó que no existen tintes partidistas como sí ocurrirá con la protesta programada para el 15 de noviembre y en la que identificaron detrás de éstas a personajes que buscan aprovechar políticamente el malestar ciudadano.

La primera protesta inició temprano en la glorieta Niños Héroes, donde oriundos de Uruapan y otras ciudades de Michoacán exigieron justicia por el asesinato de Manzo, perpetrado el pasado 1° de noviembre.

El grupo de entre 250 y 300 personas, vestidas de blanco, que llevó mantas en las que expresaban condolencias e imágenes del munícipe con sus característico sombrero, caminó por avenida Chapultepec y luego hacia el centro de la ciudad.

“Esta es una caminata por la paz de Uruapan, Michoacán y de México, es una manifestación pacífica. Queremos alzar la voz para hacernos notar, que nos vean y que se den cuenta que no somos uno ni somos 10, somos todo el país”, afirmó una participante a través de los altavoces que llevaban.

A las 14 horas, partió la segunda caminata con unos 150 participantes, del parque Revolución con destino al centro, en su mayoría fueron jóvenes de diversos colectivos y estudiantes de la Universidad de Guadalajara aglutinados en la asamblea estudiantil.

“La manifestación de este 8 de noviembre es apartidista, a diferencia de la que se hará el 15 de noviembre”, dijo una joven mediante un megáfono poco antes de iniciar el recorrido sobre avenida Juárez.

Según sus organizadores la protesta “parte de un diagnóstico compartido entre varios grupos que determinaron que la violencia que atraviesa el país no es un fenómeno aislado ni meramente local.

“Se trata de la expresión de un proceso geopolítico estructural, donde el crimen organizado opera como mecanismo de administración y control territorial, impulsado, generado y aprovechado particularmente por los Estados Unidos como parte de su política hemisférica hacia América Latina”. Ambas manifestaciones tuvieron saldo blanco.