Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), recibió su segunda solicitud de audiencia pública, ahora sobre prisión preventiva oficiosa y arraigo, en relación con dos asuntos pendientes ante el alto tribunal: el expediente sobre el acatamiento que debe realizar el Poder Judicial de la Federación (PJF), de la sentencia García Rodríguez y otro vs. México emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), así como un amparo directo vinculado con el mismo caso.

El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, dio trámite este miércoles a la solicitud 2/2025, pero anunció que por acuerdo del 13 de octubre pasado del pleno aun no decidirán si abren audiencias sobre el tema, pues esperan hasta que las ministras María Estela Ríos González y Yasmín Esquivel Mossa presenten los proyectos que resuelven ambos asuntos. 

La solicitud de audiencia fue presentada por Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, los actores centrales del caso que motivó la sentencia de la Corte IDH, ya que llevan 17 años en prisión preventiva oficiosa acusados del homicidio de la regidora de Atizapán, estado de México, María de los Ángeles Tamés, ocurrido en 2001. 

La ministra Ríos González tiene a su cargo la elaboración del proyecto correspondiente al expediente sobre recepción de sentencias internacionales 3/2023, mientras que la ministra Esquivel Mossa trabaja en el amparo directo 5/2025. Los quejosos Daniel García y Reyes Alpízar presentaron impedimentos ante la Corte para solicitar que ambas ministras se aparten de la elaboración y discusión de los proyectos, al considerar que existe riesgo en su imparcialidad y posible conflicto de interés.

Si la Corte acepta realizar audiencias públicas sobre estos asuntos, sería la segunda bajo el nuevo mecanismo creado por la actual integración del pleno para escuchar a las partes y a terceros interesados.

La primera audiencia con personas con discapacidad se llevó a cabo durante tres días, con casi 90 exponentes y más de 15 horas de trabajo, en el marco de la acción de inconstitucionalidad 182/2025, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, que abrió la discusión sobre modificar el criterio con el que la Corte ha invalidado unas 50 normas por falta de consulta previa a ese sector de la sociedad.