En comisiones del Congreso de la Ciudad de México se aprobó el dictamen de reforma en materia de despojos, que endurece las penas hasta con 11 años de prisión y con más de 113 mil pesos de multa a quien cometa este delito.

Se trata de un paquete de reformas propuesto por la Jefatura de Gobierno que incluye nueve agravantes en el Código Penal que se castigarán con el doble de las sanciones previstas a quien cometa este delito con documentación falsa o alterada, cuando se trate de un funcionario público, o en contra de una persona de la tercera edad.

En el caso del Código Civil se incluye la "mala fe" cuando la posesión del inmueble derive de un acto jurídico simulado o de un título que el poseedor sabía o debía saber inválido; también cuando la posesión derive de un contrato que conste en escritura pública y  no se haya inscrito con el fin de obtener un beneficio indebido o perjudicar a un tercero.

En tanto, la reforma a la ley del notariado establece que el notario en cuestión será responsable por aquellos actos que asiente en una escritura pública y que, por "negligencia o mala fe" en la verificación registral o documental, deriven en despojos de inmuebles.

En la discusión diputados de varias bancadas, entre ellas Morena, reprocharon que sus propuestas de reforma para prevenir el delito de despojo no fueron incluidas en la reforma; no obstante las modificaciones se aprobaron por unanimidad.

La reforma fue enviada a la Mesa Directiva para su discusión ante el pleno.