Los trabajadores murieron a causa de un derrumbe al interior de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, en el municipio de Cananea, Sonora. De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió durante labores operativas en una de las áreas de extracción. Aunque la compañía no precisó la hora exacta ni las circunstancias del siniestro, confirmó los decesos y expresó sus condolencias a las familias de los mineros fallecidos, además de señalar que ya se notificó a las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones correspondientes y se determinen las causas del accidente.
Apenas el pasado jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que dependencias federales establecieron con Grupo México una mesa de trabajo para que cumpla con la reparación del daño ambiental causado por el derrame de más de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado que contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi en 2014, afectando a más de 22 mil habitantes de siete municipios. De acuerdo con la mandataria, el acuerdo que se busca con el conglomerado propiedad del magnate Germán Larrea contempla el cumplimiento de los compromisos efectuados hace más de una década: la construcción y operación de un hospital, un laboratorio, pruebas permanentes a la población y trabajos de remediación.
Debe recordarse que el derrame de 2014, ocurrido en la misma mina Buenavista del Cobre, fue calificado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales como el “peor desastre ambiental de la historia de la minería en México”, y que desde entonces la empresa ha eludido sus responsabilidades en total impunidad, con la complicidad del gobierno de Enrique Peña Nieto hasta 2018 y pese a la demanda interpuesta por la administración de Andrés Manuel López Obrador en 2023, a partir de entonces.
Gracias al giro en la postura oficial desde el sexenio pasado, se sabe que la contaminación del agua no sólo no se atenuó con el tiempo, sino que presentó alarmantes repuntes: mientras en marzo de 2020, 35 por ciento de las tomas estudiadas rebasaba los límites permitidos de plomo, para julio del año pasado 57 por ciento ya excedían el volumen considerado seguro por la Norma Oficial Mexicana correspondiente.
Sin embargo, nada de ello ha motivado un cambio de actitud en la indiferencia criminal mostrada por la empresa. Parte de la inercia se explica porque su propietario, la segunda persona más rica de México y de toda América Latina, ha tenido de su lado al Poder Judicial: en lugar de emplazar a la trasnacional a que entregara los 2 mil millones de pesos comprometidos para subsanar los daños ocasionados a la vida silvestre y humana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó que aportara menos de la mitad, y encima ordenó que se le reintegraran 77 millones. En 2017, la misma SCJN dictaminó la extinción del fideicomiso formado para financiar los trabajos de mitigación, pese a que entonces como ahora era claro que la empresa había evadido todas sus obligaciones.
Como indicó la presidenta Sheinbaum, incluso hay denuncias de que el dinero salido de ese fideicomiso se entregó a personas ajenas a las comunidades afectadas, con lo cual se refuerzan los señalamientos de que el consorcio puso en marcha un esquema de simulación a fin de evadir sus responsabilidades.
Más allá de los resultados que arrojen las indagatorias sobre sus causas, el incidente de ayer es un recordatorio de la necesidad de auditar las prácticas en materia de seguridad laboral y ambiental de Grupo México, una de tantas empresas beneficiadas por las privatizaciones del ciclo neoliberal y que, pese a las pingües fortunas obtenidas mediante la explotación de los recursos naturales del subsuelo mexicano, escatiman hasta extremos negligentes en las medidas de protección que están obligadas a implementar.
