Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó este miércoles tres días de audiencias públicas con personas con discapacidad, con el compromiso de los ministros de tomar en cuenta los planteamientos de los 89 participantes al momento de resolver la acción de inconstitucionalidad 182/2024, relacionada con su derecho a ser consultadas en la elaboración de leyes que impactan su vida.

En la última audiencia, de seis horas y media —la más larga de las tres jornadas—, la mayoría de los ponentes expresó su preocupación por el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, que propone abandonar el criterio que, durante la última década, ha llevado a la Corte a invalidar de forma automática más de 50 leyes relacionadas con personas con discapacidad por falta de consulta previa a ese sector.

El proyecto de Batres también ha dividido al Pleno de ministros, con marcadas diferencias principalmente con Yasmín Esquivel Mossa y Giovanni Figueroa Mejía que se dijeron en desacuerdo de que la Corte ya decidió abandonar el viejo criterio, pues restringiría el citado derecho de consulta.

Lo anterior, llevó a que el ministro Hugo Aguilar clausurara las audiencias señalando que “este planteamiento que hace la Ministra Lenia, vamos a madurarlo. Yo estoy seguro que vamos a encontrar la fórmula adecuada para encontrar este equilibrio de derechos que les permita, porque esa es nuestra intención fundamental que les permita gozar plenamente de los derechos fundamentales”.

En su discurso, Batres reconoció que “el tema no es sencillo, y justamente porque no es sencillo, tampoco podemos ser simples o simplones a la hora de hablar de esta resolución. Tengan ustedes la certeza de que nos vamos a sentar a analizar todos estos temas que ustedes plantean”.

Sin embargo, la ministra también sostuvo, horas antes, que desde el 7 de octubre pasado la Corte aprobó, por mayoría de ocho votos, abandonar el criterio durante la primera parte de la discusión de la acción 182/2024. El proyecto también plateaba analizar la validez de las leyes caso por caso, en lugar de anular automáticamente por falta de consulta previa.

Hoy, al tomar la palabra, el ministro Giovani Figueroa que en la Corte “no podemos reconocer la validez de leyes que se crearon sin consulta solo porque nosotras consideremos que esas leyes son benéficas para ustedes. Antes de eliminar una ley por falta de consulta previa hay que conceder un plazo de gracia al legislador para que pueda cumplir con su obligación de consultarles”, dijo.

En tanto, Esquivel Mossa ofreció que su ponencia tomará en cuenta todos los testimonios de la audiencia para analizar el caso “no solo desde la frialdad de un expediente, sino pensando en que detrás de cada uno de ellos hay personas que demandan la atención del estado y fomentar que las leyes sean producto de haberlas escuchado previamente a un ejercicio del derecho convencional que les asiste”.

En tanto, los ministros Sara Irene Herrerías, Arístides Guerrero e Irving Espinosa destacaron que las experiencias y planteamientos compartidos serán cuidadosamente considerados y que las decisiones de la Corte deben guiarse tanto por el derecho como por la vivencia de quienes se ven afectados, asegurando que el ejercicio de sus derechos se haga plenamente y con dignidad.

“Reiterar siempre esta expresión en la que se señala que nada, nada sobre ustedes, sin ustedes, nada sobre nosotros, sin nosotros”, dijo Arístides Guerrero.

Según la ministra Batres, 47 de las 50 leyes que la Corte invalidó desde 2016 a la fecha protegían el derecho de las personas a elección popular, tener acceso a educación especial y contar con defensa legal apropiada, pero su argumento recibió respuestas de personas con discapacidad.

“Asegurar, a priori, que (las leyes) eran en nuestro beneficio, implica volver al modelo médico rehabilitador. ¿Por qué? Porque, entonces, el experto, desde su única perspectiva, presupone qué es lo bueno y lo malo para nosotros. Entonces, no negamos ni queremos que dejen de hablar los juristas. Lo que queremos es nosotros también poder hablar”, dijo Ángel Emmanuel Rangel Bocardo.

El abogado Carlos Enrique Odriozola Mariscal, del Centro Contra la Discriminación AC., citó conclusiones de informes periódicos de la ONU para defender la necesidad de la consulta a las personas con discapacidad.

“Señaló textualmente en el punto 14 del de la del apartado 3, dice, el Comité recomienda que el Estado parte, o sea, México, en consonancia con la observación general número 7 del comité, garantice que las organizaciones de personas con discapacidad, incluidas las mujeres y las niñas con discapacidad, sean consultadas y participen en los procesos de toma de decisiones en todos los niveles de gobierno y en todos los ámbitos de política pública que les afecta. Es decir, ya hemos sido señalados como un Estado que no está cumpliendo del todo con esta obligación, y creo que aquí, pues, esta sentencia que se viene debiera ser suficientemente cuidadosa de tratar de cumplir con este punto”, dijo.

Al cierre del acto, Aguilar Ortiz informó que todavía no tienen fecha para que el Pleno retome la discusión y resuelva la acción 182/2024, pero afirmó que será “a la brevedad”. También explicó que en este primer ejercicio de audiencias públicas de la Corte participaron 89 de los 102 personas que se inscribieron, provenientes de 20 estados de la República, y se les escuchó en una jornada de 15 horas en tres días.

Además, después de que la Corte recibió críticas por la falta de una convocatoria inclusiva para personas con discapacidad, el togado anunció que durante la celebración de las audiencias implementaron diversas medidas de accesibilidad, tales como: interpretación en Lengua de Señas Mexicana (LSM), subtitulaje en tiempo real durante la transmisión, documentos en formatos de lectura fácil, archivos compatibles con lectores de pantalla, materiales informativos sonoros y gráficos de alto contraste, así como acompañamiento especializado dentro del Edificio Sede para personas con discapacidad, incluidas aquellas con animales de asistencia.