Ciudad de México. Más de 20 organizaciones sindicales de Nayarit denunciaron la “criminalización” de la protesta social y el “clima de represión” contra los trabajadores al servicio del Estado, generado por el gobernador de la entidad, Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena).
Luego de que unos 150 elementos armados y “encapuchados” de Seguridad Pública del estado desalojaron “con violencia” durante la madrugada del sábado el plantón que mantenían frente al Palacio de Gobierno, representantes del Frente Sindical de Nayarit demandaron la intervención del gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, ante la “grave situación de acoso y persecución política” en contra de los trabajadores.
Óscar Cedano Saucedo, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM), señaló al gobierno estatal de utilizar la Fiscalía General del Estado, que encabeza Petronilo Díaz Ponce, para “intimidar y “perseguir” a más de 200 empleados públicos que participaron en la manifestación pacífica del viernes pasado, a quienes advirtió en un comunicado que sus casos se van a judicializar.
Indicó que hasta el momento a 25 trabajadores se les han citado para iniciarles carpetas de investigación, incluido él, y formularles imputación por el presunto delito de obstruir vialidades y generar daños a terceros, lo cual es sancionado con cinco años de prisión, según el código penal del estado.
En conferencia de prensa, mencionó que posteriormente la subfiscal Ludmila Heredia Verdugo anunció que promoverá medidas cautelares para suspender el salario de los manifestantes y destituirlos, quien alegó el “entorpecimiento de las vías públicas”.
El Frente Sindical de Nayarit denunció el presunto vinculo de la funcionaria estatal con el ex fiscal Édgar Veytia, condenado por narcotráfico en Estados Unidos y quien dejó de aparecer en los registros de la Agencia Federal de Prisiones estadunidense, ya que –indicaron– fue su secretaria particular, así como de otros personajes que continúan ocupando “cargos clave” en la actual administración estatal.
A su vez, Carmen Ibarra Castillón, secretaria general del Sindicato de Universidades Tecnológicas, insistió en que el gobierno de Nayarit “interviene” en la vida sindical, ha dejado de cubrir plazas y mantiene un “hostigamiento constante” hacia el personal agremiado.
Por ello, mencionó que interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Organización Internacional de Trabajo.
Cedano Saucedo explicó que el conflicto se debe a la “cerrazón” del gobernador morenista Miguel Ángel Navarro a dialogar con las organizaciones sindicales para revisar las condiciones generales de trabajo y negociar el incremento salarial. Dijo que esto no ha ocurrido desde el año 2013, por lo que la situación afecta a más de 10 mil trabajadores entre activos y jubilados.
Asimismo, señaló que también el gobierno estatal no quiere otorgarle la toma de nota, a fin de obstaculizar su derecho de emplazar a huelga al estado.
Por esta razón, integrantes del SUTSEM instalaron un plantón frente al Instituto Laboral Burocrático y al Palacio de Gobierno, el cual fue desalojado la madrugada del sábado pasado con el uso de la fuerza pública.
