Santiago. Chile conmemora este 18 de octubre el sexto aniversario del estallido social que comenzó la tarde/noche aquel día de 2019, cuando una protesta estudiantil rechazando un alza en el pasaje del metro de Santiago, se convirtió en un levantamiento de millones de personas que solo la cuarentena forzosa del covid-19 pudo aplacar.

A los estudiantes se sumaron centenares de organizaciones con intereses diversos, cuyas demandas interpelaban a la clase política y al abuso cotidiano que el mercantilismo imperante, junto a un Estado incompetente, cometía en todo ámbito de la vida de las personas.

Aquello sigue sucediendo: anteayer se conoció que las empresas eléctricas llevan ¡ocho años! cobrando una tarifa más cara que lo que corresponde, porque el órgano estatal que fija los precios viene cometiendo un error de cálculo. Y si bien es el regulador quien falló sistemáticamente, es imposible, dicen analistas, que las eléctricas no lo detectaran, porque sus expertos revisan exhaustivamente el decreto tarifario semestral; pero callaron.

Si la movilización en 2019 pareció que impulsaba al país hacia un destino distinto del neoliberalismo instalado por la dictadura de Pinochet, y afianzado desde 1990 por 30 años de gobiernos democráticos, hoy Chile se mueve en un rumbo más bien retrogrado.

Las reivindicaciones que caracterizaron el 18-O fueron reemplazadas por la exigencia de seguridad pública como respuesta al miedo a ser víctima de la delincuencia; y la cuasi xenofobia contra cientos de miles de migrantes que ingresaron ilegalmente al país, percibidos como catalizadores de una ola delictiva caracterizada por la violencia.

Elecciones

El aniversario del 18-O ocurre restando un mes para la elección presidencial y legislativa del 16 de noviembre, cuya campaña transcurre capturada por aquellos temas.

El principal candidato ultra derechista, el republicano José Antonio Kast, enfatiza que su “Plan Implacable será una declaración de guerra contra el crimen organizado”, con cárceles ultra seguras, endurecimiento de penas y envío de militares y policías a zonas críticas. Promete clausurar la frontera con Perú y Bolivia instalando muros, zanjas, cercos perimetrales, deportar a miles y que hará un “gobierno de emergencia”.

Su principal asesor tilda de “parásitos” a los empleados públicos, mientras que otro promete que despedirán a 100 mil. Interpelado, Kast es incapaz de precisar cuáles serán los echados y tampoco cómo hará para cortar 6 mil millones de dólares en gasto fiscal en los primeros 18 meses de su eventual gobierno, según comprometió.

El viernes, en una escuela pública de Santiago donde se promulgó una ley que repara una deuda monetaria histórica del Estado con el profesorado, el presidente Gabriel Boric respondió.

"Aquí trabajan 40 profesores y profesoras, son funcionarios públicos. ¿Alguien podría decir que no están haciendo la pega (deberes); que estos profesores no están construyendo un mejor barrio; que se están aprovechando del Estado? Yo creo que no", dijo.

Agregó que “tirar (lanzar) frases tan livianas es de una sinvergüenza tremenda, porque quien lo dice, lesiona y ofende a la gran mayoría de los trabajadores públicos que día a día se saca la cresta (esfuerza) para construir un mejor país".

Así, sin mención del 18-O, Boric se involucraba en la contienda electoral, que todo indica se resolverá en segunda vuelta, en diciembre, entre Kast y la candidata oficialista, la militante comunista Jeannette Jara.