Morelia, Mich. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) marcó un precedente en la lucha contra la impunidad y la violencia de género al revocar la reducción de condena otorgada a Diego Urik Mañón Melgoza, feminicida de la educadora Jessica González Villaseñor, asesinada en septiembre de 2020 en Morelia, Michoacán.

Fue un caso especial, no solo porque el homicida es integrante de una familia influyente en el estado, sino por la lucha que emprendió la madre de la víctima Verónica González que se enfrentó a un sistema de justicia que desde iniciado el proceso judicial intentó favorecer a Urik, condenado inicialmente a la pena máxima de 50 años de prisión.

El fallo de la SCJN, derivó del amparo directo en revisión 4872/2024, reafirma que los tribunales del país no podrán reducir las penas por feminicidio con base en el derecho a la reinserción social, al tratarse de delitos de extrema gravedad que vulneran la vida, la dignidad y los derechos de las mujeres.

Jessica González, de 21 años de edad, fue reportada como desaparecida el 21 de septiembre de 2020 y hallada sin vida días después en un paraje boscoso de Morelia. Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmaron que fue víctima de feminicidio a manos de su pareja sentimental, Diego Urik Mañón Melgoza, quien la golpeó brutalmente antes de privarla de la vida.

En febrero de 2023, un juez dictó 50 años de prisión al agresor; sin embargo, meses más tarde un tribunal redujo la pena a 42 años y seis meses, al considerar como atenuante la edad del sentenciado (18 años al momento del crimen) y su supuesto derecho a la reinserción social.

Esa resolución fue impugnada por las víctimas indirectas, y el caso llegó a la Suprema Corte, respaldado por un Amicus Curiae presentado por la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán.

El documento, impulsado por el fiscal general Carlos Torres Piña y el ombudsperson Josué Mejía Pineda, aportó argumentos jurídicos y de derechos humanos que resultaron fundamentales para la decisión final del máximo tribunal.

Ambas instituciones colocaron la perspectiva de género y los derechos de las víctimas en el centro del análisis constitucional, enfatizando que la proporcionalidad de la pena en casos de feminicidio no puede "relativizarse mediante argumentos atenuantes".

La ponencia, a cargo de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, sostuvo que la reinserción social no puede ser criterio válido para disminuir la sanción en un feminicidio, y que las resoluciones judiciales deben partir de un análisis estructural de la desigualdad y la violencia de género.

Con esta determinación, la SCJN dejó sin efecto la reducción de condena a Diego Urik Mañón Melgoza y ordenó emitir una nueva sentencia conforme a los principios constitucionales y de proporcionalidad.

El fallo sienta jurisprudencia obligatoria: a partir de ahora, ningún juez del país podrá reducir condenas por feminicidio invocando la reinserción social como atenuante.

Meses después del arresto de Diego Urik, la madre de la aseguró que la lucha que inició hace más de dos años ha dejado en evidencia que se requiere de reformas a las leyes penales, lo que demuestra el grave deterioro del sistema legal.

“Tenemos leyes estúpidas, no puedo creer que el asesino de mi hija se haya sentado a decir tantas mentiras, es una burla para los jueces, la sociedad y para nosotros como familia, eso me dolió, pero lo que más miedo me dio fue ver lo quebrantado que está el sistema de justicia”, declaró a La Jornada Verónica Villaseñor en ese momento.

“Nos tomó seis meses recabar al menos 100 pruebas que hemos presentado y más de dos años en juicio y está totalmente probada la responsabilidad del acusado. Esperamos la sentencia máxima y una pena ejemplar”, pero aun así, el sistema de justicia se resistía.