Frente a una reforma electoral que propone disminuir el gasto en este sector, según declaraciones de integrantes del Poder Ejecutivo, casi mil trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) se anotaron en el programa de retiro voluntario que ofrece, además de la liquidación estipulada por la ley y sus normas internas, un pago adicional.

El cúmulo de expedientes a revisar asciende hasta el momento a 970, número que “superó la expectativa”, señalaron funcionarios del INE, de ahí que se debió ampliar el plazo del proceso, a fin de revisar las solicitudes tanto del personal de la rama administrativa (707) como del servicio profesional electoral nacional (263), de una nómina general de poco más de 18 mil plazas en todo el país.

“Es necesario darle viabilidad (a la dirección de administración) ya que lo esperado supera la expectativa; es un esfuerzo muy amplio el que tendrá que hacerse, mucho mayor al que esperábamos”, declaró la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino.

Para el pago del estímulo se fijó una bolsa general de 100 millones de pesos, aunque quien tenga más tiempo en el órgano tendrá prioridad; lo mínimo para entrar al plan son 10 años de antigüedad.

El beneficio está integrado por tres meses de percepciones brutas, más 20 días por año de servicio.

El año en curso, el INE tiene un presupuesto de alrededor de 20 mil millones de pesos (aquí no se incluye el financiamiento público a partidos o recursos específicos para elecciones o consultas ciudadanas).

Para 2026, la petición asciende a 15 mil 100 millones como presupuesto base (cuya médula se va en el pago de servicios personales o sueldos) y proyectos ordinarios; solicitó también en este paquete 3 mil 119 millones como presupuesto precautorio por si se realiza una consulta popular; además, irán 7 mil 737 como prerrogativas a partidos políticos.

Por su parte, la consejera Claudia Zavala señaló que aunque el INE aprobó su solicitud presupuestal y la envió a la secretaría de Hacienda para que ésta a su vez la entregue a la Cámara de Diputados, desde el Ejecutivo le quitaron lo correspondiente al presupuesto precautorio, cuando el plazo para determinar si hay o no consulta ciudadana vence en noviembre entrante.

Por ello, la consejera hizo notar a Hacienda el punto y, sobre todo, que un eventual recorte procede en el Legislativo, no en el Ejecutivo.

“No enviaron nuestro presupuesto tal cual como lo aprobamos, ya se les hizo ver esta situación porque nuestro presupuesto contiene el precautorio. Si a eso le sumo el recorte que públicamente expresó el diputado Monreal (Morena), nos colocarían otra vez en una situación muy compleja”. Aclaró, contrario a lo dicho por el legislador, que el año entrante sí hay proceso electoral, pues éste inicia desde septiembre aunque se desahogue hasta 2027.