Nuevo Laredo, Tamps. Tras seis años de exigir justicia, víctimas sobrevivientes y familiares de la masacre de Valles de Anáhuac sostuvieron este miércoles una reunión con funcionarios del Gobierno de Tamaulipas, donde recibieron una propuesta inicial para cumplir las tres recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El encuentro se realizó en las instalaciones de Estación Palabra, en Nuevo Laredo, luego de que los afectados realizaran una huelga de hambre de casi tres días en la explanada Esteban Baca Calderón para exigir atención gubernamental. Participaron autoridades estatales, defensores de derechos humanos y sobrevivientes de los hechos ocurridos en 2017, cuando elementos de la Policía Estatal asesinaron a varias personas en la zona rural de Anáhuac.

Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, informó que el gobierno estatal presentó una propuesta formal que contempla cinco puntos esenciales, entre ellos la reparación integral del daño, atención médica y psicológica urgente, así como apoyos sociales y educativos.

“Es una propuesta seria. No hemos terminado las conversaciones, pero esto es un avance importante”, declaró Ramos Vázquez. Agregó que se estableció un plazo de 30 días para evaluar los avances y decidir, en conjunto con familiares de víctimas originarias de Oaxaca, Hidalgo, Estado de México y Coahuila, si levantan el plantón iniciado días atrás.

Por parte del gobierno estatal, el subsecretario de Legalidad, Jorge Luis Beas Gámez, aseguró que la administración de Américo Villarreal asumirá la responsabilidad institucional, pese a que los hechos ocurrieron en el sexenio anterior.

“El gobernador ha instruido atender y reparar el daño a las víctimas. Aunque estos delitos se cometieron antes, nuestra administración tiene la obligación de responder”, afirmó.

La Comisión Estatal de Atención a Víctimas coordinará las acciones para garantizar apoyos en salud, alimentación, becas educativas y acompañamiento jurídico, conforme a la recomendación de la CNDH.

En el ámbito penal, Ramos Vázquez denunció que dos policías estatales permanecen prófugos desde 2022, pese a existir una recompensa de 250 mil pesos por información sobre su paradero. Se trata de Francisco Hernández Carbajal y Edith Esteban Cruz. También cuestionó la figura de testigos protegidos otorgada a tres elementos que, según dijo, no han contribuido de forma significativa a la investigación.

“Mientras no se capture a los prófugos y no se revise la situación jurídica de quienes recibieron beneficios, la carpeta no puede considerarse cerrada”, advirtió.

En la reunión también participaron Lorena Perales Salinas, comisionada estatal de víctimas; Leticia Tovar Torres, directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública; y Juan Ángel Martínez, secretario del Ayuntamiento de Nuevo Laredo.

Las víctimas advirtieron que, si no hay resultados concretos en el plazo acordado, podrían retomar las protestas. Mientras tanto, el expediente por violaciones graves a derechos humanos permanece abierto a nivel local y federal.