Quito. Tras 15 días del paro nacional popular, las posibilidades de un diálogo entre el gobierno y la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), se cierran y la amenaza de mayor represión se incrementa con una nueva declaratoria de estado de excepción en doce provincias. Hasta este domingo han detenido a más de 150 personas, hay un comunero asesinado y más de 50 bloqueos en distintas zonas del país, que se desactivan y activan conforme la fuerza policial ingresa o sale de esas zonas.
Los diferentes organismos de defensa de los derechos humanos han denunciado que la mayoría de las detenciones son arbitrarias y se han violentado los procesos legales para acusar de terrorismo a los manifestantes.
Marlon Vargas, presidente de la Conaie, advirtió este fin de semana al gobierno: “la paciencia se nos va a acabar, señor presidente”, fueron sus palabras durante una reunión con comuneros en la zona central de la sierra ecuatoriana.
Recordó los episodios en los que ex presidentes como Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez dejaron el poder tras fuertes movilizaciones sociales, y advirtió al actual gobierno que podría enfrentar una situación similar si no escucha las demandas populares.
Frente a ello, los aliados del Ejecutivo señalaron la posibilidad de una intervención militar extranjera en caso de desestabilización política: “Existe un acuerdo militar que permite a las fuerzas armadas de Estados Unidos ingresar a Ecuador si la democracia está amenazada; fue firmado en el gobierno anterior”, dijo Carlos Jijón, ex secretario de Comunicación del ex presidente, Guillermo Lasso, en un canal local.
Los acuerdos militares no se conocen en su totalidad y, según la declaración de Jijón, esa acción abriría un investigación legislativa en la Asamblea Nacional, tal como lo destacaron algunos legisladores de la oposición.
Incluso, el presidente Daniel Noboa amenazó a los manifestantes con meterlos a la cárcel si llegan a Quito: “nadie puede venir a tomarse por la fuerza la capital de todos los ecuatorianos. A los que eligen la violencia, los espera la ley. A los que actúan como delincuentes, se los tratará como delincuentes”, escribió en su cuenta de X.
Y no sólo fue eso: para neutralizar la protesta popular volvió a tomar medidas económicas, consideradas clientelares. En la misma red social expuso: “reduciremos el IVA a 8 por ciento durante los feriados del 9 de octubre, y el del 2 y 3 de noviembre, porque este país no se va a paralizar por unos cuantos que perdieron el negocio del contrabando y la minería ilegal.
Para fomentar la economía local, el 14 de noviembre pagaremos el décimo tercer sueldo a los funcionarios públicos, así las familias tendrán más dinero durante el Black Friday y el Cyber Monday. Invitamos a la empresa privada a sumarse a esta iniciativa”.
Los dirigentes del paro popular han insistido que para terminar con las paralizaciones el gobierno debe derogar el decreto que incrementó el precio del diésel de 1.80 a 2.80 dólares, lo que ha provocado un incremento de los precios de los productos de primera necesidad y también las tarifas del transporte en las zonas rurales y campesinas, pues en las urbanas se congeló tras la bonificación entregada por Noboa a decenas de miles de transportistas de alrededor de mil dólares mensuales, que se sostendrán hasta diciembre.
Además, la Conaie ha insistido en retirar el incremento de IVA a 15 por ciento, los decretos que eliminaron los subsidios a los combustibles, dotar a los hospitales públicos de medicinas y una atención adecuada a los pacientes, políticas claras para reducir los despidos masivos y los empleos precarios.
Mediante un comunicado difundido este domingo, la organización indígena señaló que "Noboa profundiza su política de guerra con el decreto que declara estado de excepción en las provincias movilizadas. Bajo el discurso del 'orden', el gobierno ha desatado una represión sistemática contra quienes ejercen su derecho constitucional a la resistencia".
