Quito. La Corte Constitucional (CC) de Ecuador emitió este miércoles un "dictamen favorable" a la propuesta presentada por el Gobierno de una consulta popular que permita a más de 13 millones de votantes pronunciarse si están de acuerdo en que se elabore una nueva Constitución, con leyes más duras contra el narcotráfico.
De acuerdo con el comunicado oficial, el fallo tuvo lugar luego de que se verificara que la presidencia procedió a subsanar las observaciones formuladas en lo que respecta a los considerandos y al estatuto, el cual establece el mecanismo para la elección, instalación y funcionamiento de la Asamblea Constituyente.
En su decisión, la CC dispuso que el Consejo Nacional Electoral (CNE) incluya en la papeleta el próximo de noviembre la pregunta aprobada, así como el estatuto y la tabla de distribución de los parlamentarios que integrarían la Asamblea Constituyente encargada de elaborar el nuevo texto constitucional y la configuración de esta instancia.
En caso de que gane esta pregunta de consulta popular, los votantes tendrán que acudir a las urnas a elegir a sus representantes para redactar la nueva carta magna que reemplazará a la vigente desde 2008, y, posteriormente, una vez elaborado el documento, este deberá ser refrendado en otra convocatoria a votar, un proceso que se estima podría costar hasta 200 millones de dólares en total.
En la fecha prevista para la votación, los ecuatorianos también se someterán a un referéndum para cambiar dos artículos de la Constitución, en un caso para dar paso o no al retorno de las bases militares en el país y en otro caso para pronunciarse respecto a la eliminación del financiamiento estatal a las agrupaciones políticas.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, impulsó este proyecto en medio de su guerra contra las bandas narco que disparan la violencia en el país, con una de las tasas más altas de homicidios en Latinoamérica. La Corte puso freno a varias de ellas por considerar que violaban derechos fundamentales, entre otros argumentos.
Los constantes choques entre el mandatario y el alto tribunal allanaron el camino de la Constituyente. El presidente lideró masivas protestas contra los magistrados, a quienes llamó "enemigos del pueblo".
El ente electoral aprobó además el presupuesto para la consulta popular y referéndum, el cual supera los 59 millones de dólares.