Quito. Los 17 militares retenidos en Ecuador en medio de las protestas indígenas contra el gobierno fueron liberados, aunque varios de ellos presentan golpes y fracturas, indicó este miécoles el ministerio de Defensa.
Desde el 22 de septiembre los pueblos originarios se manifiestan en las calles y algunos bloquean vías con troncos, piedras y neumáticos en rechazo a la eliminación de los subsidios al diésel.
La medida del presidente Daniel Noboa elevó el precio de los combustibles en un 56 por ciento, un golpe para la economía de los campesinos.
En medio de las protestas el domingo, un grupo de 17 militares fue retenido por manifestantes según el gobierno. Uno de ellos fue liberado el lunes y los restantes el martes, precisó a la Afp un responsable del ministerio de Defensa. A lo largo de la semana, las autoridades dieron balances contradictorios sobre el número de liberados.
"El día de ayer (martes) a altas horas de la noche ya fueron recuperados, fueron entregados" todos los uniformados, dijo el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, en una entrevista radial.
"Estamos ahorita haciendo el análisis médico de cómo se encuentran", añadió.
Los militares fueron retenidos el domingo en la provincia andina de Imbabura (norte) en medio de fuertes choques con manifestantes, en los que murió un indígena por impactos de bala y 12 agentes resultaron heridos.
"Estamos hablando de brazos y piernas fracturadas, de cabezas rotas, de contusiones, de quemaduras, pérdida del oído por el uso de estos voladores (pirotecnia) y hasta uno de nuestros soldados que está totalmente desfigurado por el impacto de una roca", dijo Loffredo al informar sobre la liberación.
Las protestas, que han dejado unos 90 detenidos, se concentran en Imbabura y a lo largo de la semana se han extendido a otras como Cañar, Cotopaxi y Pichincha, cuya capital es Quito.
Justicia indígena
El martes, el jefe de la ONU, Antonio Guterres, pidió a "todos los actores" que se abstengan de "cualquier forma de violencia", tras manifestarse "profundamente preocupado" por lo ocurrido en las protestas.
La Defensoría del Pueblo indicó que acompañó un proceso de justicia indígena -reconocida en la Constitución- que resolvió la entrega de los uniformados. El organismo constató que "los militares permanecieron bajo resguardo comunitario y recibieron valoración médica previa", según un comunicado.
A esa audiencia asistieron delegados de la Cruz Roja, autoridades locales y comunitarias.
La principal organización de pueblos originarios (Conaie) convocó al "paro nacional" por tiempo indefinido en rechazo al decreto del presidente Noboa que dispuso el aumento del precio del diésel de 1,80 a 2,80 dólares el galón.
El alza de los precios de combustibles derivó en violentas movilizaciones indígenas durante los gobiernos de los mandatarios Lenín Moreno y Guillermo Lasso en 2019 y 2022, respectivamente.
El gobierno denuncia "actos terroristas" durante las manifestaciones y amenaza a los responsables con penas de hasta de 30 años de cárcel por ese delito.
Noboa sostiene que entre los manifestantes hay infiltrados de mafias como la banda venezolana Tren de Aragua, aunque no ha detallado su denuncia.
