El cambio al dictamen de la Ley de Amparo que se hizo en la madrugada de ayer en el Senado para dar retroactividad a las nuevas disposiciones no sólo fue rechazado por la oposición, sino también por los presidentes de las comisiones dictaminadoras, quienes salieron del salón de plenos para no tener que votar la reserva presentada por Manuel Huerta Ladrón de Guevara (Morena), que avaló luego la mayoría de los legisladores de la 4T.

La iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum se aprobó el miércoles en lo general pasadas las 11 de la noche, con 76 votos en favor, de Morena y aliados, y 39 en contra de los opositores, pero durante la discusión en lo particular siete legisladores del bloque mayoritario ya no votaron.

Entre ellos, los presidentes de las comisiones de Estudios Legislativos y de Justicia, Enrique Inzunza y Javier Corral, quienes advirtieron desde muy temprano ese miércoles, durante una reunión del grupo guinda, que era “absolutamente inconstitucional” pretender introducir un artículo transitorio para establecer que los amparos en curso se tramitarán con base en las nuevas reglas, lo que ni siquiera venía en la iniciativa presidencial.

Cuando el dictamen se discutió en comisiones, Corral expuso que por “algún error” se había colado un artículo tercero transitorio que decía: “Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece...”. Se dejó fuera “por su carácter inconstitucional”, apuntó.

En su lugar, se estableció: “Los asuntos en trámite…. continuarían tramitándose hasta su resolución final, conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio”. Así se aprobó en esa reunión de comisiones y por la noche en el pleno senatorial, después de varias horas de debate, en lo general pasó ese texto.

Sin embargo, después de la medianoche, Manuel Huerta presentó una reserva para volver al texto eliminado. Argumentó que “sólo cuando afecta derechos adquiridos de manera previa puede hablarse de retroactividad violatoria”.

Esgrimió incluso 11 tesis y jurisprudencias de la Suprema Corte que a su juicio avalaban tal argumentación. Senadores priístas, panistas y de MC reclamaron que se trataba de una violación flagrante, e insistieron en que ninguna ley se dará con efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, como señala el artículo 14 constitucional.

Verónica Hernández (PAN) sostuvo que “si al día de hoy hay quien tenga una orden de aprehensión y se amparó, con esto que nos presentan vendrán los sobreseimientos y, por supuesto, los delincuentes que se preocupen ellos, pero a los inocentes que tienen derecho a la presunción de inocencia es a los que están dejando en estado de indefensión”.

Para la priísta Carolina Viggiano, el responsable de esa modificación fue el ministro Arturo Zaldívar. “Este es un tema de él; pobre de la Presidenta con esos asesores”.

Pese a las protestas de los opositores, el dictamen se aprobó con ese carácter retroactivo y así se turnó a a Cámara de Diputados.

Entrevistados ayer, Inzunza y Corral coincidieron en que afortunadamente lo expresado por la Presidenta permitirá que los diputados corrijan “ese error innecesario”.