Ciudad de México. El gobierno federal publicó este miércoles el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Antimonopolio, el nuevo organismo que sustituye a la desaparecida Cofece, y que, por primera vez en décadas, recupera para el Estado mexicano la capacidad real de castigar, desarticular y hasta llevar a juicio penal a quienes concentren ilegalmente el poder económico.

Según el decreto publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación, ya no será necesario esperar años de litigio para frenar abusos. La nueva comisión podrá imponer medidas cautelares inmediatas, ordenar la venta forzosa de activos, separar estructuralmente a empresas dominantes y presentar querellas directas ante la Fiscalía General de la República por delitos contra la competencia.

El Pleno quedó integrado por Andrea Marván Saltiel como presidenta, acompañada por Óscar Alejandro Gómez Romero, Ana María Reséndiz Mora, Soledad Aragón Martínez y Ricardo Salgado Perrilliat. Los cinco comisionados asumirán funciones en un contexto donde los mercados más concentrados del país –telecomunicaciones, radiodifusión, farmacéuticas, alimentos procesados, cemento, banca– llevan años operando con márgenes de ganancia escandalosos mientras millones de consumidores pagan precios inflados.

La autoridad investigadora, pieza clave del nuevo diseño, tendrá ahora capacidad para actuar de oficio, realizar cateos digitales, citar a directivos, requerir información a cualquier autoridad nacional o extranjera y, sobre todo, presentar denuncias penales cuando detecte cárteles o abusos graves. Ya no dependerá exclusivamente de procedimientos administrativos eternos que las grandes corporaciones solían ganar en tribunales comprados o dilatados.

En telecomunicaciones y medios, la comisión recupera facultades que el modelo neoliberal había debilitado deliberadamente: podrá limitar la concentración de frecuencias, prohibir propiedad cruzada y supervisar directamente adquisiciones de derechos deportivos o de contenidos que afecten la pluralidad.

Para las grandes empresas el mensaje es claro: los días del “deja hacer, deja pasar” terminaron. Fusiones que reduzcan competencia serán bloqueadas o condicionadas con rigor técnico, no con los criterios complacientes de antaño. Directivos que participen en colusión o abuso de dominio enfrentarán no sólo multas millonarias, sino posible inhabilitación y responsabilidad penal.

El gobierno también abrió la puerta a que las empresas implementen programas de cumplimiento certificados por la propia comisión, lo que permitirá a aquellas que sí quieran jugar limpio obtener beneficios procesales.