Pachuca, Hgo.- En el marco del Día Internacional por el Aborto Legal y Seguro, un grupo de feministas se manifestaron de forma pacífica este 28 de septiembre en la explanada de Plaza Juárez de Pachuca para denunciar la falta de medicamentos para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en las tres clínicas públicas habilitadas en la capital hidalguense.
A través de un pronunciamiento que leyeron durante la manifestación, conjunto, las manifestantes acusaron al gobierno estatal y al sistema IMSS-Bienestar de incumplir con su obligación legal de garantizar el abasto de insumos médicos necesarios para este procedimiento, el cual está reconocido como un derecho desde junio de 2021 en la legislación local.
"Esta escasez no es un error administrativo, es violencia institucional", denunciaron las colectivas, subrayando que la omisión del Estado pone en riesgo la vida y salud de niñas, adolescentes y mujeres, especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad: indígenas, migrantes, personas con discapacidad o en situación de calle.
Además del desabasto, las feministas criticaron el contraste entre la falta de recursos para garantizar derechos básicos y el gasto destinado al control de las protestas. Señalaron que, mientras las clínicas públicas carecen de medicamentos esenciales, el gobierno de Hidalgo destinó 6.5 millones de pesos para la colocación de vallas “antimotines” durante la marcha del pasado 8 de marzo.
Exigencias concretas
Las manifestantes exigieron tres acciones urgentes:
Garantizar el abasto inmediato de medicamentos para la ILE en todas las unidades de salud.
Activar los mecanismos de distribución existentes, como el convenio Sanas, para evitar retrasos.
Poner fin a la negligencia institucional que agrava la desigualdad en el acceso a la salud sexual y reproductiva.
También alertaron sobre el riesgo de que esta situación se replique en otras entidades del país, derivando en una crisis de salud pública nacional que afectaría particularmente a mujeres y personas con capacidad de gestar.
Memoria y resistencia ante la represión
El pronunciamiento también retomó lo que calificaron como represión suscitada el pasado 8 de marzo en Plaza Juárez de Pachuca ,donde elementos de seguridad agredieron a manifestantes, entre ellas niñas y adolescentes.
Tipificaron el hecho como “violencia de Estado” y advirtieron que la memoria de esos actos alimenta la movilización actual.
"Queremos medicamentos, no vallas; queremos atención digna, no violencia", dijo la activista Beatriz Peláez Vargas, durante la lectura del pronunciamiento, reafirmando su compromiso con la movilización permanente hasta que sus demandas sean atendidas.
Un llamado a la coherencia gubernamental
Las colectivas feministas hicieron un llamado directo al gobernador Julio Ramón Menchaca Salazar y a las autoridades de salud para que asuman con responsabilidad la implementación efectiva del derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Hidalgo.
"Ni silencio, ni represión, ni simulación", reiteró, dejando claro que la lucha por el derecho a decidir continúa en las calles, con organización, con memoria y con la convicción de que los derechos no se negocian.
Por su parte Martha Canseco González, enfatizó que en 30 años de manifestación pacífica, es la Primera vez que un gobierno estatal reprime con abuso policíaco a mujeres, niñas y adolescentes, "eso va a quedarse en nuestra memoria porqué no vamos a dejar de manifestarnos".
Concluyeron su pronunciamiento con una consigna histórica del movimiento feminista:
“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir”.
