En ocho pueblos de la alcaldía Xochimilco se ubican 3 mil 233 viviendas que forman parte de 40 asentamientos humanos que serán regularizados por la Comisión de Evaluación de Asentamientos de la demarcación, luego de que las casas fueron construidas en zonas de conservación o área natural protegida de la montaña.

Al informar el comienzo del proceso, otros demandantes –a quienes en la administración pasada a cargo de José Carlos Acosta les prometieron que esas construcciones se regularizarían– ocuparon el edificio de la alcaldía y bloquearon las principales avenidas de la demarcación para exigir ser tomados en cuenta.

Este viernes sesionó la Comisión de Evaluación de Asentamientos Irregulares, única instancia a cargo de la regularización de predios, con el objetivo de finalizar el proceso e informar “el calendario para la firma de los planos y dictámenes correspondientes por parte de las autoridades competentes”, indicó la directora general de asuntos jurídicos de esa alcaldía, Carolina Hernández Luna.

De acuerdo con el dictamen, los predios que obtendrán el cambio de uso de suelo para escriturar las viviendas se encuentran en los siguientes poblados: Santiago Tepalcatlalpan, Santa María Nativitas, San Mateo Xalpa, San Luis Tlaxialtemalco, Santiago Tulyehualco, San Francisco Tlalnepantla, San Lucas Xochimanca y Santa Cecilia Tepetlapa.

Luego de que se difundió que comenzará el proceso de regularización, un grupo de residentes de esos asentamientos irregulares se presentó a la sede de la demarcación; tras no ser atendido, sus integrantes impidieron la circulación en la avenida Guadalupe y Ramírez, lo que generó un severo caos vial.

Prioridad de atención

Por otra parte, la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno local dispuso que los asentamientos humanos irregulares tendrán prioridad en la asignación de recursos del presupuesto participativo de las alcaldías para proyectos que implican la entrega de apoyos directos a personas o grupos sociales.

El subsecretario de Egresos de la dependencia, Jorge Esquinca Torres, explicó que esta medida, que viene detallada en la guía operativa para el ejercicio de los recursos del Presupuesto Participativo 2025 de las alcaldías, garantiza que no por dicha condición irregular una unidad territorial no pueda ser susceptible de tener un proyecto con esos recursos.

Por su naturaleza jurídica y ubicación, en algunos casos en zonas de alto riesgo, existe el impedimento para que dichos asentamientos propongan proyectos de servicios e infraestructura.

Esquinca recordó además que la ley impide a las alcaldías utilizar más de 10 por ciento de los recursos asignados al presupuesto participativo a ese tipo de proyectos, que se ejercen del capítulo de gasto 4000 (transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas).