Ciudad de México. Cualquier reforma que se pretenda a la Ley de Amparo debe ser vista con suma cautela. Permitir que se introduzca a sus artículos un contenido discutible o claramente contrario a las mejores razones de justicia, puede poner a los titulares de los órganos jurisdiccionales de amparo en serios predicamentos, señaló el ex magistrado de circuito, Miguel Bonilla López, quien renunció a su cargo ante su inconformidad a la Reforma Judicial. “A un sistema normativo se le deben adicionar normas solo si no van a producir ambigüedades, contradicciones, huecos o vacíos legales".
Incluso sostuvo que la propuesta de modificación a la enmienda no tienen como fin fortalecer la capacidad de tutela del amparo, pero además afirmó que no se ve racionalidad jurídico formal, y al contrario, lo que se advierte es un efecto de regresividad.
“Si se llega a aprobar la iniciativa, por su redacción va a obligar (a los juzgadores) que piensen dos o tres veces las cosas antes de decidir un caso y eso no es lo más deseable. El problema inmediato lo van a enfrentar los jueces de primera instancia, quienes día a día tienen que proveer sobre las admisiones y desechamientos de demanda, sobre si otorgan o no suspensiones, pero para que estas decisiones de los juzgadores lleguen a la Suprema Corte por alguna controversia va pasar por un largo trecho”.
Por su parte, la presidenta de la Barra Mexicana de Abogados (BMA), Ana María Kudisch, afirmó que la propuesta de reforma es un retroceso. “Queremos es ser escuchados antes de que se apruebe. Si se van a realizar este tipo de reformas, consideramos de mayor importancia que se consulte a los expertos que quieren aprender y entender hacia dónde va la reforma”.
Agregó que la BMA está siempre abierta al diálogo, “no de manera fast track. Si en verdad quieren una justicia para el pueblo, escuchen al pueblo que es la abogacía mexicana especialista en amparo”.
Durante el foro de análisis “Iniciativa de reforma al Amparo” que organizó la Comisión de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo de la BMA, Bonilla López reiteró que si la reforma a dicha ley “no es suficientemente clara y se aprueba como está, no va generar certeza. Cuando se redacta mal una norma que tiene que ver con la Ley de Amparo el perjudicado es el la ciudadanía”.
“En cuanto al interés legítimo, le da un tratamiento tal que viene a entorpecer el juicio del juzgador al momento de decidir sobre la administración de la demanda y parece exigir de entrada que el acto reclamado posea características que sólo podrán ser aclaradas en el proceso. Quienes resentirán una reforma semejante son por ejemplo los titulares de derechos colectivos”, entre ellos, que protegen a las comunidades y el medioambiente.
