El ministro de Exteriores de Ruanda, Olivier Nduhungirehe, denunció este jueves ante la Asamblea General de la ONU la existencia de "señales de alerta temprana de un genocidio" en el este de República Democrática de Congo (RDC), acusando al gobierno de este país de respaldar a "grupos genocidas" dos días después de que Kinshasa haya pedido a los Estados miembros que reconozcan el "genocidio silencioso" contra los congoleños.
Nduhungirehe señaló que la militarización renovada de RDC, sumada a la colaboración con milicias como las FDLR (Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda) y los VDP/Wazalendo, así como el despliegue de drones de ataque y aviones de combate contra la población civil, subraya la gravedad de la crisis, particularmente en comunidades banyamulenge y otros tutsis congoleños.
El jefe de la diplomacia ruandesa acusó además a las autoridades de Kinshasa de contar con "fuerzas extranjeras" y de incluir a mercenarios en su "coalición", e instó a su vecino occidental a "rechazar la solución militar e implementar de buena fe el Acuerdo de Paz de Washington, que representa una oportunidad única para poner fin a este conflicto que se ha prolongado demasiado tiempo". Señaló que estas acciones recuerdan la brutalidad de las milicias genocidas de 1994 en Ruanda y advirtió que la persecución de los tutsis congoleños constituye un crimen de lesa humanidad como genocidio.
También reprobó la actuación de la Misión de paz de la ONU en RDC (MONUSCO), establecida en 1999, que no logró neutralizar a los grupos armados y terminó colaborando con las FDLR, en contravención de varias resoluciones del Consejo de Seguridad.
Human Rights Watch documentó que combatientes de Wazalendo acosaron, amenazaron y secuestraron a miembros de la comunidad banyamulenge en Uvira, acusándolos de apoyar al M23, grupo rebelde respaldado por Ruanda que capturó partes de Kivu Sur. Ante esta situación, las autoridades centrales de RDC viajaron a Uvira para consultas con líderes locales y representantes de los grupos armados.
RDC y Ruanda firmaron en junio un acuerdo de paz para poner fin a la actividad de grupos armados como M23 y FDLR, tras la ofensiva que tomó las capitales de Kivu Norte y Kivu Sur y desplazó a miles de personas.