Ciudad de México. Al abordar por primera vez el fenómeno de la “gentrificación” en México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este martes, por siete votos contra dos, una reforma de diciembre de 2024 del Congreso de Yucatán que decidió no aprobar el aumento del impuesto predial propuesto por el Municipio de Mérida -que gobierna la panista Cecilia Patrón Laviada- y mantener vigentes los valores de 2024.

En el proyecto, la ministra ponente Yasmín Esquivel Mossa justificó que el Congreso yucateco “se apartó razonablemente de la propuesta municipal con base en las consideraciones técnicas, económicas y sociales verificables, entre ellas la contención del impacto económico, la equidad tributaria y los fenómenos como la gentrificación, adoptando una política gradual y prudente en la actualización de valores catastrales, lo cual constituye una motivación objetiva y suficiente conforme a los principios de proporcionalidad, austeridad y responsabilidad hacendaria”.

La Corte reconoció la validez del Decreto 29/2024 del Congreso de Yucatán, que rechazó la propuesta del Municipio de Mérida de aumentar hasta 9.7% el predial, al considerar que el Congreso justificó objetivamente su decisión con criterios de equidad tributaria, austeridad y viabilidad financiera, señalando que el incremento excesivo, basado en un índice inadecuado, fomentaría la gentrificación y afectaría la economía de las familias meridanas, desestimando así la demanda municipal de invalidez del Artículo 46 de la Ley de Hacienda.

En su intervención, el ministro Irving Espinosa Betanzos señaló que el municipio no presentó una justificación razonable para su propuesta. “Hay que reconocer que uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad tiene que ver con la especulación de carácter inmobiliario que ha generado un aumento de precios, menor acceso a la vivienda y gentrificación”.

Al respecto, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, consideró que un aumento al valor catastral impactaría a las comunidades mayas e indígenas en Yucatán.

“El caso de Mérida y, en general en la Península, está viviendo momentos en donde se están estableciendo muchísimos desarrollos inmobiliarios y esto va a generar un desequilibrio en digamos la normalidad de la vida cotidiana de esta región del país. Vamos a tener desarrollos inmobiliarios que, por la propia característica, pues el bien el suelo va a adquirir un mayor valor y tenemos hermanos y hermanas mayas que estando ahí pues van a mantener su predio pues con el valor actual y esta disparidad es lo que yo creo que está en juego”, dijo.

En contra del proyecto, la ministra María Estela Ríos González acusó que el Congreso de Yucatán vulneró la autonomía hacendaria del Municipio de Mérida y defendió que su propuesta se sustentó en estudios técnicos que mostraban que la dinámica del mercado inmobiliario y la plusvalía del metro cuadrado en la “ciudad blanca” hacían necesario equiparar los valores catastrales con los del mercado.

“El municipio cumplió con dicho principio pues se sustentó en índices como el de inflación inmobiliaria… en los últimos cinco años, la plusvalía en Mérida ha crecido entre 10 por ciento y 18 por ciento anual, lo que ha elevado el precio del metro cuadrado de aproximadamente 2 mil 500 pesos en 2018 a rangos de 5 mil 500 a 8 mil 500 pesos en 2024”, dijo.

Por su parte, el ministro Giovanni Figueroa Mejía, señaló que el Congreso sí justificó su decisión con elementos de política tributaria, económica y social.

"Por ejemplo, se destacó, que una actualización inmediata y uniforme de las tazas prediales propondría afectar desproporcionadamente a ciertos sectores de la población, por lo que se eligió una política gradual y diferenciada, que permita una transición equitativa hacia valores catastrales más acordes con el mercado”, argumentó.