Ciudad de México. Representantes de universidades e instituciones de educación superior del país, de gobierno, académicos e integrantes de la sociedad civil, suscribieron una Declaración conjunta para fortalecer el compromiso nacional con la promoción de una cultura de paz y la erradicación de las violencias en todos los espacios educativos.

Sin embargo, esta promoción de la paz dentro de las instituciones de educación superior se vio empañada en la UNAM tras el caos que se generó esta mañana en las facultades de Economía y Derecho al desalojar a docentes, alumnos y personal administrativo por las amenazas anónimas de la colocación de artefactos explosivos.

Aunque la amenaza enviada vía correo electrónico sólo señalaba que habían sido colocados en los edificios A y B de la facultad de Economía, la cercanía con Derecho obligó a ampliar la evacuación de ambas entidades, a fin de garantizar la seguridad de la comunidad.

La Declaratoria, promovida por la UNAM, busca consolidar entornos más seguros, inclusivos y respetuosos de los derechos humanos, colocando en el centro a las infancias, adolescencias y juventudes como actores clave en la transformación del tejido social.

No obstante, estas amenazas causaron inseguridad y un entorno inseguro en ambas facultades, vulnerando el derecho a la educación de más de 10 mil alumnos del turnio matutino de las dos entidades.

En medio de estos hechos, la UNAM informó que la Declaratoria implica la adopción de los principios contenidos en la Recomendación sobre la Educación para la Paz, los Derechos Humanos y el Desarrollo Sostenible, aprobada por la UNESCO en noviembre de 2023.

Estos contenidos buscan promover un enfoque educativo integral centrado en la empatía, el pensamiento crítico y la comprensión intercultural, una visión activa de la paz basada en la justicia, la dignidad y la colaboración, la ciudadanía global, la solidaridad y el respeto a la diversidad.

Las instituciones firmantes se comprometieron a instaurar acciones estratégicas como la formación especializada en mediación y resolución pacífica de conflictos para docentes y estudiantes; creación de una Red Internacional de Investigación en Cultura de Paz; movilidad académica internacional en temas de paz y justicia social; crear un repositorio compartido de acceso abierto con investigaciones y recursos educativos sobre la paz.

También se estableció que instalarán un Laboratorio Nacional de Mediación y Resolución de Conflictos, con brigadas universitarias en colaboración con comunidades afectadas por las violencias; y conformar campañas de comunicación digital con enfoque en alfabetización crítica, empatía y visibilización de juventudes constructoras de paz.

“La Declaratoria subraya además que no se puede normalizar el dolor ni la violencia estructural. Por ello, las instituciones firmantes cierran filas desde la educación, el pensamiento crítico y la acción colectiva, comprometidas con un modelo formativo que integre transversalmente el diálogo, la perspectiva de género, la inclusión social y el respeto irrestricto a los derechos humanos”, señala la Universidad Nacional.

La paz no es un discurso, es una práctica cotidiana que debe enseñarse, vivirse y defenderse, señala el documento, destacando a niñas, niños, adolescentes y jóvenes como protagonistas activos de un nuevo pacto social.

El llamado es a sumar a la comunidad académica, gobiernos locales y nacionales, organizaciones de la sociedad civil y aliados internacionales para consolidar una agenda educativa transformadora que coloque la cultura de paz como eje transversal en la construcción de un país más justo, solidario y sostenible.

Entre los firmantes destaca el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí; Francisco Javier Gorjón, coordinador general de la Red Nacional para la Paz de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES); Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; Francisco Jiménez Bautista, académico de la Universidad de Granada; el jurista Diego Valadés; el embajador Joel Hernández, de la cancillería y del Instituto Matías Romero. 

Además, Leticia Cano, directora del Programa Universitario de Cultura de Paz y Erradicación de las Violencias; Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas; Miguel Álvarez Gándara, de SERAPAZ; el presbítero Mario Ángel Flores, de la Conferencia del Episcopado Mexicano; las activistas Olimpia Coral Melo, Mariclaire Acosta, Eufrosina Cruz, Tania Ramírez, de la Red de los Derechos de la Infancia; y Gemma Santana, de Sélvame MX, entre muchas otras y otros participantes.