El Congreso del estado aprobó la llamada Ley Nicole, con la que se pretende evitar que se realicen cirugías estéticas a menores de edad, y con ello proteger la integridad, la salud y la vida de niñas, niños y adolescentes en la entidad.

La iniciativa presentada por la legisladora morenista Sandra Amaya Rosales, que estipula la prohibición absoluta de tales intervenciones quirúrgicas en menores de edad, se avaló con 23 votos a favor pues dos de los diputados locales no acudieron al recinto legislativo este miércoles.

Así, sólo serán permitidos en la entidad procedimientos médicos reconstructivos o indispensables para preservar la integridad física de niños y adolescentes, siempre bajo estrictos criterios profesionales y éticos.

Sandra Amaya destacó que esta reforma responde a un profundo reclamo social derivado del caso de Paloma Nicole Arellano, cuya muerte expuso vacíos legales y prácticas médicas irresponsables que no podían continuar.

El pasado 20 de septiembre Paloma Nicole, una adolescente de 14 años, falleció tras ser sometida a tres procesos de cirugía estética al mismo tiempo. Estas labores quirúrgicas fueron realizadas por el padrastro de la menor y su madre, sin ser enfermera, participó en las cirugías.

Especialistas en la materia aseguraron que los cuerpos de las menores no están todavía listos para intervenciones de esta clase, por lo que a pesar de que la legislación no las impedía, éticamente no deberían realizarse por el alto riesgo que implican.

Este asunto causó revuelo en Durango, sobre todo porque cada vez era más común ver cirugías similares en menores edad, e incluso los padres de varias jóvenes les regalaban esos procedimientos como regalos de cumpleaños.

“Hoy damos un paso decisivo para que nunca más una niña o un niño en Durango vuelva a enfrentar una situación evitable. La niñez debe estar protegida por encima de cualquier interés o presión social”, expuso la legisladora.

La Ley Nicole asimismo endurece las sanciones por usurpación de profesiones médicas, de modo que cualquier persona que realice procedimientos sin título, cédula o especialidad será sancionada penalmente, y establece la obligación legal de denunciar cualquier intervención indebida en menores, reforzando la corresponsabilidad de los profesionales de la salud.

Con la aprobación de este ordenamiento se consolidó un marco normativo preventivo y humano, colocando a la dignidad de la niñez como prioridad legislativa.