Colima, Col. El ex gobernador de Colima, el priísta, Ignacio Peralta Sánchez, compareció este miércoles ante el segundo juzgado penal por la presunción de peculado y desvío de recursos a favor de una empresa de asesorías en 2018.

Entrevistado al respecto, el ex mandatario, que acudió en junio pasado para comparecer por otros procesos judiciales, señaló que esta nueva comparecencia era desconocida para él “No no, no sabemos, y venimos a atender aquí los diferentes citatorios que nos envían. Estamos en absoluta y plena colaboración”, respondió Peralta.

De acuerdo con información de la gobernadora, Indira Vizcaíno, proporcionada en octubre de 2021, a Peralta Sánchez se le encontraron varios presuntos delitos, entre ellos la acusación que se le imputa por su comparecencia de este miércoles en donde en 2018, año electoral, la gestión del priísta había pagado 97 millones de pesos a una empresa de asesorías cuando el año previo sólo había erogado alrededor de un millón de pesos por el mismo concepto.

La gobernadora explicó que las empresas a las que se les pagó casi 100 millones de pesos fueron contratadas para hacer “estudios y análisis” cuya adjudicación fue de forma directa, sin proceso de licitación, que constituyó una de las prácticas recurrentes de la Secretaría de Finanzas de Peralta Sánchez.

Junto con el ex gobernador también compareció el ex secretario de finanzas, Carlos Noriega y el diputado local del PRI, Arnoldo Ochoa González, quien fungió como secretario de Gobierno durante el periodo 2015-2021.

La primera comparecencia de Peralta y sus ex funcionarios ante el juzgado penal ocurrió el pasado mes de junio cuando se le imputaron varios delitos entre ellos el desvío de recursos para la construcción del edificio del centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia del Estado (C5i), además también se le imputó otro presunto desvío de un crédito bancario por 500 millones de pesos para remodelar el palacio de gobierno donde sólo ejerció 400 millones de pesos y no se pudo comprobar el uso del resto del dinero.

También hay una denuncia penal contra el ex mandatario porque en julio de 2021 ordenó pagar casi mil millones de pesos a bancos por una deuda a corto plazo y anunció la suspensión del pago de nómina a más de 5 mil trabajadores públicos