Puebla, Pue. A siete años de su desaparición forzada, el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) exigió la presentación con vida de Sergio Rivera Hernández, activista nahua y defensor del territorio y del río Coyolapa, en Puebla, además de la aplicación de un juicio real y sanciones ejemplares en contra de los autores materiales e intelectuales del caso, incluido a Fermín González León.
“A siete años, reafirmamos: Sergio no fue desaparecido por casualidad: lo desaparecieron por defender la vida, el agua y la palabra de su pueblo”, comentó el MAIZ en un comunicado alusivo a este aniversario.
Rivera fue desaparecido el 23 de agosto de 2018 en Zoquitlán, Puebla, por oponerse -al igual que las comunidades nahuas de la Sierra Negra- al proyecto hidroeléctrico Coyolapa–Atzala, impulsado para abastecer a la Minera Autlán.
MAIZ señaló directamente a González León, ex presidente municipal de Zoquitlán y operador de Minera Autlán, como autor intelectual de la desaparición. “En lugar de ser investigado, González fue premiado con un cargo público en el actual gobierno de Puebla: delegado estatal del Sistema de Desarrollo Rural bajo la administración de Alejandro Armenta Mier de Morena”, apuntó.
Actualmente, el colectivo refirió que se lleva a cabo un nuevo juicio penal bajo la causa 9/2019-JO/SUR ORIENTE, ante el juez estatal de enjuiciamiento Mario Cortés Aldama. Sin embargo, señaló que los acusados se perfilan nuevamente a ser absueltos debido a que todos los testigos fueron amenazados de muerte.
Además de la aparición y la aplicación de justicia, la organización también exigió se brinde protección integral inmediata para Consuelo Carrillo León, esposa de Rivera, a su familia y a quienes acompañan este caso desde MAIZ. Carrillo, indígena nahua de 31 años, ha denunciado formalmente amenazas de muerte contra ella, sus padres e hijos por el desarrollo de este caso, agregó.
Agregó que la Fiscalía de Puebla incorpore por lectura los testimonios de los testigos, conforme al artículo 386 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, indicó, se debe investigar y sancionar las amenazas hechas contra los familiares y testigos involucrados en el caso.
Por último, MAIZ pidió que se dé cumplimiento de las recomendaciones del Comité de la Organización de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada y se acabe con la impunidad y cese a la promoción política de personajes vinculados con desapariciones forzadas.
