En el marco de la violencia generalizada que persiste en nuestro país, la desaparición de personas se ha convertido en una de las expresiones más crueles e indignas que evidencian la magnitud del rebasamiento institucional para la procuración de justicia y la construcción de paz. Con corte al 19 de agosto, el número de personas desaparecidas y no localizadas en México asciende a la escalofriante cifra de 132 mil 735. De ellas, 56 mil 497 desaparecieron en el anterior sexenio, dando cuenta de que la política de seguridad centrada en la militarización, si bien ha representado descensos ligeros en algunos tipos de violencias, en otros, como las desapariciones, ha sido un fracaso. 

Esta situación es especialmente preocupante si concentramos la mirada sobre las juventudes, que son las principales víctimas en este entorno en el cual convergen ineficacia institucional, expansión de redes de macrocriminalidad y permisividad y normalización de la violencia y la impunidad. En el marco del Día Internacional de la Juventud, celebrado el 12 de agosto, y en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, a conmemorarse el 30 de agosto, merece la pena insistir en una reflexión que ponga la mirada en las violencias que atraviesan principalmente a las juventudes. 

Del total de personas desaparecidas y no localizadas, 55 mil 59 desaparecieron a una edad dentro del rango de 12 a 29 años. Es decir, 41.48 por ciento de las personas que desaparecen en México son jóvenes. Más aún, la cifra de personas jóvenes desaparecidas va en aumento, reportando un incremento de 64 por ciento únicamente entre 2022 y 2024. Mientras en 2022 desaparecieron 3 mil 473 jóvenes, en 2023 sumaron 4 mil 244 y el año pasado, 5 mil 714. 

En lo que va de 2025 se contabilizan 4 mil 464 desapariciones de personas jóvenes que no han sido localizadas, lo que parece indicar que, una vez más, este año rebasará al anterior. A esta mirada hemos de sumar la perspectiva de género, que nos permite identificar las violencias de un modo diferenciado. Llama la atención que, en el rango comprendido entre 12 y 15 años de edad, las mujeres representan 57.1 por ciento de las desapariciones, constituyendo el único rango de edad en el que ellas son víctimas de desaparición con mayor frecuencia que los hombres, quienes son desaparecidos mayormente entre los 16 y 35 años de edad. 

Con un análisis más profundo podríamos constatar si esta tendencia es reflejo, entre otras cosas, de la trata de personas y del reclutamiento forzado en nuestro país. El panorama, por ende, es sumamente desalentador. A la cancelación de las perspectivas de futuro que padecen las juventudes por carencia de oportunidades de empleo, creciente desigualdad, baja movilidad social, crisis climática y las consecuentes problemáticas de salud sicoemocional, hemos de sumar la violencia macrocriminal que, en cualquiera que sea su expresión, afecta principalmente a las juventudes. 

Hoy México se encuentra en la víspera de una nueva etapa judicial que está por arrancar el primero de septiembre. Si bien es cierto que la responsabilidad de la atención de esta grave crisis de desaparición, especialmente de personas jóvenes, es del cuerpo institucional del Estado en su conjunto, en esta coyuntura es inevitable centrar la atención en la gran deuda que se tiene con las víctimas de nuestro país y sus familiares en materia de acceso a la justicia, combate a la corrupción y la impunidad. 

En la atención urgente de problemáticas críticas como ésta, la nueva configuración judicial se pondrá a prueba y la principal medida de éxito será su efectividad en la atención de las carencias en materia de procuración de justicia, garantizar el acceso a la verdad y brindar una reparación para los cientos de miles de víctimas necesitadas de paz. Para ello, la coordinación con el resto de las instituciones gubernamentales será crucial, especialmente con las instancias de atención a víctimas y búsqueda de personas, así como con las fiscalías y el Ministerio Público, ubicados en el centro de la crisis de impunidad en el país. 

Si el Estado mexicano, con su nueva configuración judicial, no es capaz de fortalecer eficazmente y cuanto antes la atención de la crisis de desaparición de personas, seguirán reproduciéndose historias desgarradoras en el seno de la sociedad mexicana, como ha sucedido con los jóvenes de Tierra Blanca, Ayotzinapa, Lagos de Moreno, el rancho Izaguirre y demás casos en donde se ha evidenciado a la juventud como el foco de la crueldad macrocriminal. 

Las juventudes son los principales agentes de nuestro futuro. Bregar por un futuro con mínimos de dignidad pasa por exigir hoy a las instituciones y, de manera especial en este momento coyuntural, al nuevo Poder Judicial, por ser actor clave en posibilitar procesos de verdad y justicia para las víctimas de desaparición. 

En el mismo sentido, la ciudadanía y la sociedad civil somos corresponsables en la exigencia de transformar las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales que permiten la reproducción de las violencias, así como por la reorientación urgente de una política de seguridad pública que privilegie la reconciliación social y la construcción de paz poniendo siempre en el centro a las víctimas.