Ciudad de México. El ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, impugnó el fallo de una juez de distrito que rechazó su petición para que una perito en materia de Grafoscopía y Documentoscopía, comparezca con el fin de que analice y determine si fue falsificada su firma con la que se concedió la suspensión que impedía la aprehensión en su contra por los delitos de por lavado de dinero, asociación delictuosa y peculado, por un monto que se estima en más de tres mil millones de pesos. 

En junio pasado, el ex funcionario solicitó al juzgado Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en Ciudad de México que se regularizara el proceso y se notificara personalmente a la grafóloga que propusieron sus abogados, para que protestara el cargo.

Lo anterior luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) interpuso en mayo un incidente de falsedad de firma al señalar que discrepan la plasmada en la demanda de amparo de Aureoles y la diversa estampada en el escrito de 8 de mayo de 2025, cuando obtuvo dicho recurso.

Sin embargo la juez Jovita Vargas Alarcón solo le dio entrada a la demanda de la FGR para que el colegiado analice y determine si dicha rúbrica fue falsificada. En el caso del ex gobernador la togada negó la petición, porque en mayo requirió al quejoso que presentara a la perito dentro del término de tres días, apercibido que de no hacerlo se tomaría en consideración únicamente el dictamen ofrecido por el perito oficial designado por este órgano jurisdiccional.

Pero no solo eso, semanas después la impartidora de justicia también le revocó la suspensión definitiva, porque Silvano Aureoles no compareció de manera personal ante dicha juzgadora, como le pidió para que surtiera efectos la medida cautelar.

En los próximos días los magistrados del colegiado resolverán si confirman, modifican o revocan el fallo de primera instancia.

Aureoles Conejo tendrá que comparecer el próximo 20 de agosto ante la jueza de control con sede en el Reclusorio Oriente, quien lo citó para la audiencia inicial, en la que la Fiscalía lo imputará por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta por presuntamente desviar 3 mil 412 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles en la entidad.