Guadalajara, Jal. La comunidad indígena de Mezquitán, en Zapopan, exigió el cumplimiento de sentencias judiciales y el pago justo por la expropiación de 27 hectáreas de sus tierras, ocupadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río, una exigencia que tiene 21 años desde los acuerdos iniciales sin que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), antes SCT, cubra la indemnización.
Con el paso del tiempo los integrantes de la comunidad, compuesta por poco más de 330 familias, siguen muriendo sin recibir el pago justo, a valor comercial, como ocurrió apenas esta semana con la señora Concepción Rivera Casanova.
Laura Sánchez Rodríguez, sucesora de sus padres, murió hace unas semanas sin recibir la indemnización, fallecimiento por el cual se guardó un minuto de silencio en una asamblea de la comunidad el 27 de julio pasado, en la que se acordaron acciones más allá de los tribunales que incluirían bloqueos en la carretera sobre el predio expropiado, en la salida noreste de la zona metropolitana.
El incumplimiento del gobierno federal llevó a la comunidad a promover juicios agrarios, amparos y recursos legales para exigir el pago de los adeudos, pero a lo largo de los 21 años otros miembros de la comunidad como Aurelio Torres Rodríguez, Sergio Ricardo Orozco Torres y José Luis Sierra Gutiérrez, también fallecieron sin recibir su parte del pago.
El incumplimiento inició el 3 de marzo de 2004, durante el gobierno de Vicente Fox, cuando se firmó un convenio de ocupación previa donde la entonces SCT se comprometió a depositar el 50 por ciento del monto indemnizatorio a la comunidad, algo que no ocurrió.
El 7 de mayo de 2007, en el gobierno de Felipe Calderón, la SCT y la comunidad firmaron un convenio de depósito en garantía. Se pactó un valor de 145 pesos por metro cuadrado, fijado por el Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), el cual fue considerado abusivo e injusto por los comuneros ya que las tablas catastrales de 2007 indicaban un valor mínimo de 435 pesos por metro cuadrado en esa zona.
En agosto de 2021, el Tribunal Agrario número 16 emitió una sentencia favorable a la comunidad, ratificada en noviembre de 2023 por el Tribunal Superior Agrario, un mes antes de que el amparo interpuesto por la SICT fuera declarado improcedente, lo que confirmó las sentencias agrarias.
En mayo del año pasado, el Tribunal Agrario requirió a la SICT elaborar el avalúo en un plazo de 10 días. La SICT solo envió una solicitud al INDAABIN por internet, una de las acciones que la comunidad considera obstrucción de la justicia y desacato a las órdenes judiciales.
En la visita que la presidenta Claudia Sheinbaum realizó a Jalisco el 8 de agosto pasado, la comunidad emitió y le entregó en Tlajomulco un mensaje para ella en la que urgía a la resolución del conflicto, tomando en cuenta además que se trata de una comunidad indígena debidamente registrada y que su exigencia está basada en la justicia y legalidad.
