El gobierno de México no aplicó “eficazmente” las sanciones en violaciones en materia de libertad sindical, negociación colectiva, derecho de huelga y seguridad social en el país, por lo que persisten desafíos a pesar de la reforma laboral de 2019, de acuerdo con el informe nacional sobre Prácticas de Derechos Humanos 2024 de México, publicado por el Departamento de Estado estadunidense.

El documento, emitido esta semana, destaca que expertos en la materia reportaron que las multas contra empresas o sindicatos son escasas, incluso en sectores prioritarios cubiertos por el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), con excepción de los casos planteados a través del mecanismo de respuesta rápida.

Además, de acuerdo con varias organizaciones y agrupaciones laborales, “muchos trabajadores se enfrentaron a violencia e intimidación” de empleadores, dirigentes sindicales y “vigilantes” contratados por las compañías para “reprimir” la oposición en una elección del gremio.

También hubo informes de compañías que despidieron a trabajadores que intentaron organizar sindicatos independientes.

Además, el reporte menciona que grupos defensores de los derechos laborales denunciaron que los empresarios en cadenas de suministro orientadas a la exportación utilizaban “métodos de contratación que debilitaban la estabilidad laboral”.

Por ejemplo, los directivos dieron contratos de uno a tres meses y luego esperaban varios días antes de volver a incorporarlos con nuevos convenios temporales “para evitar el pago de indemnizaciones y que acumularan antigüedad”, lo que viola la Ley Federal del Trabajo (LFT).

El Departamento de Estado de Estados Unidos señala que aun cuando la ley laboral establece una jornada de 48 horas semanales, y al excederse ese tiempo es considerado tiempo extra, los patrones utilizaron el “método ilegal de banco de horas” –exigiendo largas jornadas cuando la carga de trabajo era alta y reduciéndolas cuando era baja– para evitar compensar a los trabajadores con un pago adicional.

En el documento, se reconoce que si bien el gobierno mexicano mejoró su capacidad para aplicar la LFT, no lo hizo de manera eficaz en las leyes sobre salario mínimo, horas extras y seguridad.