Zacatecas, Zac. El gobierno estatal suspendió este martes a todos los empleados y funcionarios de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Zacatecas (JCAZ), como una medida cautelar, mientras se investiga una red de corrupción y tráfico de influencias en la que se presume están coludidos burócratas, abogados y trabajadores beneficiarios de laudos amañados.
La suspensión de 35 empleados fue operada desde la Secretaría de la Función Pública, por instrucción del Órgano de Control Interno y de Seguridad Pública, dependiente de Rodrigo Reyes Muguerza, secretario general de gobierno. Entre todas las personas sujetas a investigación se buscan elementos para consignar a “dos peces gordos”.
A través de un video mensaje, difundido en redes sociales, Ernesto González Romo, secretario de la Función Pública, informó este día los detalles de la acción administrativa que advirtió, es temporal, mientras se efectúan investigaciones específicas en la JCAZ y se deslindan responsabilidades legales.
“Es una medida drástica, pero es una medida que nosotros consideramos necesaria. Será una investigación muy a fondo. Y vamos a tratar de llegar, primero, a revelar toda la verdad sobre lo que esté ocurriendo en esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y segundo, a buscar justicia. Quien se dedicó a hacer un trabajo, honesto, no recibirá ninguna molestia, y que quien sí la hizo la pague, siempre preservando la presunción de inocencia para todas las personas investigadas”.
Romo González informó que “durante algunos meses hemos recibido una serie de denuncias respecto de actos de corrupción”, en la dependencia citada, y derivado de esas denuncias “vimos que tendrían algunos indicios que nos pueden servir para develar una trama muy importante de posible corrupción”.
Explicó en qué consistiría la trama delictiva de esa red de servidores públicos, abogados y hasta trabajadores que promueven laudos: “les doy un ejemplo: supongan que ustedes son trabajadores, y denuncian un despido injustificado. Entonces su abogado se pone de acuerdo con el personal de la Junta. Tardan todo lo que sea posible en el caso, para aumentar el monto del posible laudo, y una vez que hay una cantidad millonaria en juego, se dicta un laudo no conforme justicia, sino conforme a los acuerdos previamente establecidos”.
En ese contexto, indicó González Romo, “dados los elementos que teníamos, decidimos dictar medidas preventivas contra todo el personal directivo de la Junta. Eso no quiere decir que todas las personas que han recibido estas medidas sean responsables. Estamos salvaguardando la investigación y estamos garantizando que todos los elementos de prueba (expedientes, documentos, pruebas físicas en la sede de la JCAZ) permanezcan intactos, y estamos también protegiendo el servicio y la función que realiza la propia Junta, para que no se cometan irregularidades”.
Conforme vayamos avanzando en las investigaciones, indicó el titular de la Secretaría de la Función Pública, habrá servidores públicos a los que se les van a retirar esas medidas, y habrá otros “a los que se les iniciará proceso y finalmente, en los casos más graves, en particular un par de peces gordos, iremos no solamente a la vía administrativa, sino que iremos al siguiente paso, que es la vía penal”.
Admitió que “es una situación difícil, nunca en Zacatecas se había suspendido a toda una dependencia… quiero invitar a las trabajadoras y trabajadores que han sido afectados con estas medidas preventivas, para que se acerquen a la a ésta Secretaría, el que nada debe, nada teme. Platiquen con nosotros, expóngannos los datos, las evidencias, lo que ustedes han visto al interior de la Junta y por supuesto que eso implicará que obtengan una serie de beneficios legales, porque nosotros no queremos perjudicar a nadie que se dedique a trabajar y hacer una labor honesta”.
