I. Campañas antidrogas con buques de guerra: sin precedentes
Desde finales del pasado agosto, EE. UU. ha desplegado un importante contingente militar en las aguas cercanas a Venezuela bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Hasta ahora, el Pentágono ha movilizado ocho buques de guerra, un submarino nuclear y cerca de diez mil efectivos de la Marina y el Cuerpo de Marines, además de diez cazas F-35 estacionadas en Puerto Rico y tres bombarderos estratégicos B-52 que patrullan frente a las costas de Venezuela. Pese a esta flagrante amenaza militar, la Casa Blanca insiste en justificarla como una "operación antidrogas", afirmando incluso que las fuerzas estadounidenses han hundido varias supuestas embarcaciones de narcotraficantes y "salvado centenas de miles de vidas estadounidenses". Sin embargo, lo curioso es que no se haya revelado ningún detalle de las operaciones de hundimiento realizadas por EE. UU., lo que hace difícil que la gente crea que estén justificadas.
En primer lugar, la "justificación legal" invocada por EE. UU. es poco convincente. Según la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional consuetudinario, el uso de la fuerza solo se justifica en caso de legítima defensa frente a un ataque armado. ¿Acaso puede considerarse el supuesto tráfico de drogas un "ataque armado" contra EE. UU.? La respuesta es evidente: no. Las operaciones estadounidenses constituyen, sin duda, una violación flagrante de la Carta de la ONU y de las normas básicas de las relaciones internacionales.
En segundo lugar, las ejecuciones extrajudiciales son casi inéditas en la práctica internacional. EE. UU. movilizó los buques de guerra para combatir las supuestas embarcaciones de narcotraficantes, sin la autorización de su Congreso, ni la aplicación de los procedimientos habituales como el aviso previo o disparos de advertencia. No es exagerado afirmar que EE. UU. ha perpetrado una violencia letal e indiscriminada a la luz del día.
Por último, estas operaciones unilaterales violan arbitrariamente la soberanía de otros Estados. La lucha contra el crimen transfronterizo y el narcotráfico debe realizarse respetando el principio de igualdad soberana de los países y conforme a los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes, mediante la cooperación en materia de aplicación de la ley y judicial. Al calificar unilateralmente a otros de "terroristas" y "narcotraficantes", EE.UU. ha incumplido la obligación internacional básica de no interferir en los asuntos internos de otros y de no amenazar con el uso de la fuerza, y ha puesto en mayor riesgo la paz y la seguridad de América Latina y el Caribe.
II. El objetivo verdadero: la sed insaciable de dominación y de recursos naturales
Desde la proclamación de la Doctrina Monroe, EE. UU. siempre ha considerado a América Latina y el Caribe su patio trasero. Hoy día, en el contexto de un mundo multipolar y la globalización económica, EE. UU. aún mantiene la mentalidad de Guerra Fría, lo que se traduce en la injerencia militar, la manipulación política y la coerción económica en América Latina y el Caribe so pretexto de operaciones contra el terrorismo y las drogas. El reciente despliegue de la fuerza en el Caribe ha puesto al descubierto sus verdaderas intenciones.
A saber, primero, consolidar su estatus de potencia dominante en el hemisferio occidental esgrimiendo sus garrotes. En la primera presidencia de Trump, la Casa Blanca ya inventó la narrativa de la "troika de la tiranía" refiriéndose a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Durante su segundo mandato, con su repliegue estratégico global, Trump vuelve a concentrar su atención en el hemisferio occidental, ejerciendo nuevamente presión sobre aquellos países de América Latina y el Caribe que se oponen a Estados Unidos. Con las actuales "guerras antidrogas", EE. UU. busca demostrar su control absoluto en el hemisferio occidental, eliminar a los llamados rebeldes antiestadounidenses y, al mismo tiempo, impedir que otros grandes países amplíen su influencia en la región.
Segundo, asegurar el control de los recursos energéticos y minerales latinoamericanos y caribeños. El capital monopolista y los oligarcas financieros de EE. UU. nunca dejan pasar ningún territorio del mundo rico en recursos naturales. Ninguno de los conflictos —la Guerra del Golfo, la Guerra de Irak, la Primavera Árabe e incluso la actual crisis de Ucrania— se escapa de esta lógica. Trump, aunque desempeña un papel de mediador en la cuestión de Ucrania, no lo hace por la paz, sino en parte, por los abundantes recursos de Ucrania. Históricamente, EE. UU. monopolizaba el petróleo venezolano durante largo tiempo y aún guarda resentimiento hacia el gobierno de izquierda de Venezuela por haberlo nacionalizado. Políticos superhalcones como Marco Rubio ya han mostrado sus intenciones de apoderarse nuevamente de la industria energética global y de los minerales estratégicos clave.
III. Resultados contraproducentes: rechazo internacional y críticas internas
Las acciones hegemónicas e intimidatorias de EE. UU. han provocado un fuerte rechazo tanto a nivel internacional como dentro del propio país. Grandes países de la región como Brasil, México y Colombia y países de izquierda como Cuba y Nicaragua se pronunciaron claramente contra la amenaza militar estadounidense. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) condenó enérgicamente la escalada militar en el Caribe. Con el respaldo de la mayoría de sus miembros, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) emitió un comunicado expresando su profunda preocupación por el despliegue militar estadounidense y haciendo un llamado al respeto de la soberanía nacional y a la no injerencia en los asuntos internos. China, Rusia, Irán, Bielorrusia y el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU condenaron la grave violación por parte de EE. UU. de la soberanía, la seguridad y los derechos al desarrollo de otros Estados, así como su flagrante incumplimiento del derecho internacional, que amenaza la paz y la seguridad regionales. Rusia, que asumió la Presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU de ese mes, instó a EE. UU. a cesar de inmediato la presión sobre Venezuela y evitar cometer "error irreparable". Además, el grupo de expertos en derechos humanos de la ONU emitió un informe condenando la amenaza militar estadounidense contra Venezuela.
En EE. UU., el congresista demócrata y miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Jim Himes, declaró en el programa televisivo Face the Nation de Columbia Broadcasting System (CBS) que "el Congreso está recibiendo poca información" y calificó las acciones de Trump de bombardear embarcaciones en el Caribe de "asesinatos ilegales". Por su parte, el senador demócrata y expresidente del Comité Militar del Senado, Jack Reed, afirmó que la administración Trump no presentó ninguna justificación legal fehaciente para los ataques. Incluso dentro del Partido Republicano se escucharon voces críticas: el senador Rand Paul, de Kentucky, condenó que la administración Trump intentó sortear al Congreso para declarar la guerra. En el ámbito social de EE. UU., las críticas son aún más intensas. Numerosos internautas denunciaron que las fuerzas estadounidenses "mataron inocentes" y señalaron que las operaciones se llevaron a cabo a 2.500 millas de la costa estadounidense, por lo que era imposible que las lanchas rápidas llegaran a EE. UU.. Personalidades perspicaces advirtieron que Venezuela no era la principal fuente de drogas para EE. UU., por lo que al fraguar las operaciones contra el país suramericano, EE. UU. persiguió otros fines: apropiarse del petróleo venezolano. Las acusaciones de Washington sobre los supuestos barcos narcotraficantes en Venezuela, al igual que sus denuncias contra armas de destrucción masiva en Irak, no son sino cargos inventados. Además, 62 organizaciones no gubernamentales se dirigieron juntas al Congreso estadounidense exigiendo el cese inmediato de las operaciones militares en el Caribe.
El abuso de la fuerza por EE. UU. en América Latina y el Caribe es impopular y no es aceptado por la comunidad internacional ni por sus ciudadanos. No cabe duda de que, si EE. UU. se obstina en actuar a su antojo, terminará tragándose los frutos amargos de sus propias acciones. A lo largo de la historia mundial, el respeto mutuo a la soberanía, la integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos, y la práctica del diálogo pacífico y la consulta amistosa son el camino correcto para resolver los conflictos internacionales. Solo con desarrollar cooperación en materia de aplicación de la ley y judicial dentro de marcos legales bilaterales y multilaterales, será posible combatir de forma efectiva los crímenes transnacionales.
*Lu Daxin es observador de asuntos internacionales en Beijing.
