Ciudad de México. Fiscalías estatales y Comisiones locales de búsqueda de personas desaparecidas en Nayarit, Chiapas, Tabasco, Guerrero, Tlaxcala y Puebla siguen pendientes de firmar el convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE), con el que se busca establecer mecanismos de colaboración para compartir los datos biométricos que cuenta el órgano, para facilitar la búsqueda e identificación de personas.

Ante ello, el consejero Arturo Castillo, presidente de la Comisión de Registro Federal Electoral, hizo un extrañamiento a dichas autoridades, al recalcar que “no ha habido ningún avance en el número de convenios que se debían firmar y sólo se reportan los seis en proceso desde abril pasado”.

La tardanza tiene que ver, dijo, “con algunas resistencias por parte de las autoridades a las que hemos invitado a colaborar y participar en estos convenios. Quisiera hacer un atento llamado a las autoridades a que colaboremos como entidades del Estado mexicano para hacer posible y facilitar la identificación y búsqueda de personas desaparecidas”. Subrayó que se trata de un tema particularmente delicado en el país.

La consejera electoral Carla Humphrey agregó que desde 2016 se han firmado 37 convenios con instituciones federales y estatales, pero faltan seis instancias. Se unió al llamado a esas dependencia a concretar el convenio.

En el caso de Nayarit, Tabasco, Guerrero y Puebla, las instancias que aún no han firmado son las fiscalías estatales, mientras que en Chiapas y Tlaxcala son las Comisiones Estatales de Búsqueda.

Dentro del informe presentado este jueves en sesión extraordinaria del órgano electoral se indica que por medio de estos convenio, es la manera en que “el INE coadyuva, mediante el uso de la base de datos biométrica más grande del país, con las diferentes autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas”.

El objeto de dichos convenios es “establecer los mecanismos de coordinación y colaboración entre las partes firmantes para que, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, se realice la confronta de información mediante el uso de los sistemas de identificación del INE denominados AFIS y ABIS, administradas por el propio Instituto”. Se trata de los sistemas de administración de datos biométricos y huellas dactilares que usa el órgano.

Se recalca que la intención es “lograr la identificación de personas no localizadas o de personas desconocidas que contengan huellas dactilares o biométricos susceptibles de ser analizados”.

Los convenios comenzaron a firmarse desde 2016, tras lo cual, “de las 94 mil 672 solicitudes recibidas, para 32 mil 578 se han obtenido respuestas con al menos un registro para efectuar identificaciones, lo cual representa el 34.56 por ciento”.

A la fecha hay 17 mil 735 registros confirmados mediante dictamen. Se refiere a las confirmaciones por algún perito de la institución que solicitó la búsqueda al INE. Sin embargo, queda pendiente conocer si se pudo contactar a algún familiar o conocido para la confirmación y presentación de la persona, lo cual ya no es parte del ámbito del instituto, se aclara en el documento.

De manera adicional, respecto a las solicitudes de datos generales como el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento y la CURP, “para las 306 mil 879 solicitudes, se han obtenido 156,847 respuestas con al menos un registro para efectuar identificaciones, lo que representa el 51.11 por ciento de los casos”. Se explica que en estos casos la efectividad es mayor porque se realiza solo a partir de los datos generales que proporcionan las instituciones.

El representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante el Consejo General del INE, Víctor Hugo Sondón, sostuvo que no es un problema técnico, sino “una tragedia humana que golpea diariamente a miles de familias mexicanas”. Pero advirtió que “los datos biométricos no deben ser jamás utilizados para espiar, para perseguir o vigilar a las y los ciudadanos. No permitiremos que lo que fue entregado con confianza al INE, termine convertido en una base de datos al servicio de intereses políticos o de control social”.

Pidió reconocer que se trata de una crisis estructural y se pronunció en contra de un presunto “maquillado de cifras”.

En tanto, el representante de Morena ante esa instancia, Guillermo Rafael Santiago, reviró que “resulta lamentable y hasta ofensivo que busquen usar el dolor de miles de familias como bandera política, tratando de convertir la tragedia en un instrumento de golpeteo político”.

Reconoció que “la crisis de desapariciones es un desafío de Estado que exige responsabilidad, empatía y trabajo constante, no la mezquindad de quienes durante décadas ignoraron o agravaron el problema y ahora se presentan como paladines de la verdad”.

Además, defendió que las cifras que se reportan son producto de transparencia nunca antes vista en gobiernos anteriores, en vez de esconderlo “debajo de la alfombra" como hacían los gobiernos de Acción Nacional.