Mexicali, BC. Los migrantes deportados no son criminales y deben ser atendidos con dignidad, exigieron representantes de la Alianza Migrante de Tijuana al advertir la necesidad de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad para atender a esa población vulnerable que busca mejores condiciones de vida y que la mayoría son desplazados de sus lugares de origen por la violencia.

Señalaron que las redadas que lleva a cabo el ICE en California han incrementado la expulsión de migrantes, pero son las organizaciones de la sociedad las que atienden a los paisanos deportados ante la desconfianza del gobierno.

“La sociedad civil es la que está resistiendo y cubriendo los gastos de las deportaciones de la administración de Trump”, coincidieron en señalar los activistas José María García Rodríguez, Sergio Tamay y Hugo Castro.

En esa frontera, la Alianza Migrante la conforman ocho albergues, recordó José Maria García, fundador de la alianza y director del Albergue Juventud 2000, quien expresó preocupación porque llegará un momento en que la población no pueda dar refugio ni alimentos a los deportados.

La alianza cumple doce años de su fundación, luego que 52 migrantes, entre ellos cuatro mujeres, llegaron a Tijuana luego de ser deportados de Estados Unidos por Mexicali.

Ese traslado coincidió con una manifestación que realizaron en Playas de Tijuana 14 personas para honrar la memoria de los migrantes que mueren al cruzar por el mar.

Los activistas consideraron compleja la situación que viven los mexicanos que son arrojados por Mexicali y Tijuana.