Ciudad de México. Presidencia de la República publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que dependerá directamente del la presidenta Claudia Sheinbaum y estará integrada por Pablo Gómez, quien dejó su cargo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Rosa Icela Rodríguez; secretaria de Gobernación; José Antonio Peña Merino, de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Asimismo la conformarán Ernestina Godoy, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal; Lázaro Cárdenas Batel, titular de la Oficina de la Presidencia de la República, así como Arturo Zaldívar, coordinador de Asesores del Presidente de la Oficina de la Presidencia de la República, y de la Coordinación General de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas.
El decreto indica que el objetivo de dicha comisión es convocar al pueblo a expresarse sobre la reforma electoral conveniente para México y realizar estudios sobre este mismo tema. Llevar a cabo los análisis necesarios y elaborar propuestas sobre la reforma electoral, constituir los grupos de trabajo que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como elaborar y expedir su reglamento interno.
Las personas titulares de las áreas del Poder Ejecutivo mencionadas podrán designar a una persona servidora pública como suplente permanente para cubrir sus ausencias, quien deberá tener nivel mínimo de director general u homólogo. La suplencia de la persona titular del Ejecutivo Federal recaerá en la Presidencia Ejecutiva de la Comisión.
“La Comisión podrá invitar a representantes de dependencias, entidades, instituciones públicas o privadas de los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos, academia y sociedad civil quienes podrán participar con derecho a voz, pero sin voto”.
Pero no sólo eso, llevará a cabo sus funciones observando los principios de transparencia, objetividad, eficiencia, eficacia, economía y honradez, cumpliendo en todo momento las disposiciones jurídicas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales y rendición de cuentas.
El decreto entrará en vigor este 5 de agosto y estará vigente hasta el 30 de septiembre del año 2030, o cuando la Presidencia de la República determine su disolución.
