La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, se comprometió ayer a fortalecer los mecanismos de protección para los ambientalistas, luego de que en 2024 se documentaron 94 agresiones contra ellos, incluidos 25 asesinatos.
Frente a representantes de dependencias y organizaciones sociales, Bárcena señaló que construir alianzas en México es muy importante porque no podemos dejar a la sociedad civil sola protegiendo los derechos de los defensores del medio ambiente, por lo cual se pronunció por fortalecer el trabajo conjunto del gobierno con los diferentes órganos nacionales e internacionales en la materia.
Al destacar la labor del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la secretaria resaltó la construcción de lazos más sólidos con las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, además del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Asimismo, ofreció conjugar esfuerzos con los gobiernos federal, estatal y municipal, además del sector privado, la academia, sociedad civil y organismos internacionales para dar justicia ambiental.
Entre las labores a emprender, dijo que se debe conocer el trabajo de los ambientalistas, detectar los sitios prioritarios para intervenir, avanzar en el marco jurídico nacional e internacional en este materia o identificar las áreas de colaboración.
También es importante, preciso, establecer una hoja de ruta para aplicar del Acuerdo de Escazú, firmado en 2018 en Costa Rica, para reforzar estas medidas.
Bárcena resaltó que la mitad de los ataques a ambientalistas se dan en pueblos indígenas. Precisó que la Semarnat protege a ocho personas a través de los mecanismos de protección a defensores de derechos humanos y periodistas.
Humberto Henderson, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó la aplicación de dicho mecanismo de protección y llamó a facilitar el protocolo especializado en investigación de delitos contra los defensores hacia las fiscalías.
Para alcanzar justicia ambiental, Gustavo Alanís, director general del Cemda, sugirió elaborar una política pública integral de protección, fortalecer el mecanismo para resguardar a defensores de derechos humanos, hacer evaluaciones de impacto ambiental ade-cuadas para evitar proyectos que afecten al ambiente y adoptar enfo-ques preventivos para garantizar derechos, entre otras medidas.
