Guadalajara, Jal. Trabajadores del transporte público y grupos ciudadanos en Jalisco manifestaron su descontento con la gestión del servicio por parte de autoridades y empresarios, los primeros señalando las condiciones laborales que padecen que podrían conducir a nuevos paros como el del pasado 6 de julio, reiterando el emplazamiento a huelga para inicios de agosto; los segundos inconformes con el proyecto de un camión eléctrico en sustitución de tren ligero al aeropuerto, tal como se comprometió en campaña el gobernador Pablo Lemus.

Este lunes el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Industria de la Construcción y Transporte en General de la República Mexicana (SETICT) ratificó su derecho a huelga debido a la ausencia de respuestas a sus demandas de mejora de calidad laboral y aumento salarial.

Las peticiones incluyen un incremento salarial del 20 por ciento, del cual solo se ha conseguido un 4 por ciento. Los operadores también enfrentan la falta de entrega de uniformes, jornadas de trabajo excesivas de hasta 18 horas diarias sin días de descanso y ausencia de tiempos establecidos para descanso o alimentación. 

En rueda de prensa el SETICT denunció que existe un déficit de por lo menos mil 800 operadores en la Zona Metropolitana de Guadalajara, ante las condiciones actuales de trabajo que vulneran los derechos laborales y humanos y se han convertido en una esclavitud moderna, ya que muchos carecen de prestaciones como Seguro Social, Afore, Aguinaldo, Vacaciones, Infonavit y reparto de utilidades. 

Denunciaron que el paro laboral que realizaron hace un par de semanas y afectó la ruta conocida como Mi Macro Periférico (autobús articulado por carril restringido que recorre el Periférico), en lugar de ser atendido ha sido amenazado de recibir denuncias con el argumento de “afectación a la ciudadanía”.

Acusaron al secretario de Transporte y Movilidad, Diego Monraz, de entregar “personalmente” una amenaza al secretario del Sindicato (Ricardo Aguayo Andrade) el 16 de julio, lo que el gremio considera una intimidación directa al ejercicio de derechos constitucionales.

En represalia muchos conductores trabajan bajo acoso de agentes de la Secretaría de Movilidad, quienes levantan "reportes fantasmas" y retienen licencias hasta por 15 días o más. 

Las exigencias de los trabajadores incluyen el cese inmediato de la persecución penal, un aumento salarial justo, garantías laborales dignas, la intervención del gobierno estatal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, para investigar y sancionar estos abusos.

El sábado, ciudadanos que se identifican como "sin partido" realizaron una marcha y plantón en el centro de la ciudad para manifestar su rechazo al proyecto de transporte articulado (Macrobús), ruta que iría al aeropuerto de Guadalajara por la carretera a Chapala y que impulsa el gobierno de Pablo Lemus, quien el año pasado en su campaña electoral se comprometió a que se construiría por esa ruta la línea 5 del tren ligero.

Los manifestantes argumentaron que las dos líneas de Macrobús ya en operación, la de Calzada Independencia (con más de 15 años) y la del Periférico (con casi tres años), no han sido eficientes y ya están superadas por la demanda de pasajeros. 

Además, critican que están concesionadas a la Alianza de Camioneros, la cual, aseguran, "no invirtió un solo peso", como ocurrió en las dos líneas existentes donde el servicio es notoriamente superado y deficiente.

La audiencia en la que se resolverá el emplazamiento a huelga contra Mi Macro Periférico está programada para el 6 de agosto y según empresarios camioneros y autoridades de movilidad que se reunieron -aunque sin la presencia de Aguayo Andrade-, a partir de agosto iniciarán los incrementos salariales de manera escalonada, resolviendo otras demandas como dormitorios, baños y uniformes, a la brevedad.