Dolores Hidalgo, Gto., La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debe investigar los presuntos abusos a jornaleros indígenas del rancho “El Ramillete” en Dolores Hidalgo, donde la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó un operativo por una supuesta exploración laboral, pidió el diputado federal de Morena, Francisco Javier Estrada Domínguez.

“Nosotros en nuestra calidad de legisladores federales solicitaremos una reunión con la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, para exponer los planteamientos que ha documentado la prensa” e investigue el caso, adelantó.

Jornaleros indígenas, que trabajan para la empresa Agroverdi, denunciaron que el personal de la Fiscalía les quitó el dinero de sus ahorros, argumentando que investigarían si era de procedencia ilícita.

El representante legal de Agroverdi, José de Jesús Espinoza Moreno, advirtió que denunciarán por abuso de autoridad al fiscal, Gerardo Vázquez Alatriste, por las ilegalidades cometidas en el operativo que implementó en el albergue de jornaleros, donde se llevaron el dinero de 70 trabajadores.

Manuela Díaz Ramírez, originaria de Ayotzinapa, tiene siete meses de embarazo y denunció que le quitaron 40 mil pesos que ahorró, con su marido, durante un año.

“Se llevaron 40 mil y pues no nos creyeron si era de nosotros ese dinero, creían que el dinero era robado, que o la mejor nos dedicamos a otra cosa, pero ese dinero era del trabajo que nosotros trabajábamos”, acusó.

El diputado federal de Morena, acompañado de legisladores locales, exigió al fiscal de Guanajuato que deslinde responsabilidades si en verdad hay explotación laboral de jornaleros indígenas.

El coordinador de los diputados locales, David Martínez Mendizábal, afirmó que en el operativo de la Fiscalía, donde aseguraron que encontraron a 700 jornaleros en situación de vulnerabilidad, no se aplicó el protocolo de atención para trabajadores agrícolas.

La atención a los jornaleros debe tener un enfoque de derechos, de género, intercultural y de protección a la niñez, y “pregunto: ¿había algún traductor?, porque la gente que está ahí, en su mayoría es indígena”, señaló el legislador.

“Fue un mal operativo, con un enfoque inadecuado, punitivo, policiaco y con las agravantes que la prensa ha documentado”, lamentó.

El viernes 11 de julio, la Fiscalía intervino la zona de dormitorios de indígenas jornaleros e informó que fue por una investigación “por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral”, donde había 700 personas “en condiciones de vulnerabilidad”.

“Este operativo forma parte de la estrategia integral para la erradicación de delitos que vulneran la dignidad y los derechos humanos”, justificó. El operativo fue encabezado por el fiscal, Gerardo Vázquez Alatriste. El representante legal de la empresa Agroverdi calificó la movilización como “un circo” porque asegura que no hay explotación laboral.