El próximo jueves 27 a las 10 horas, en las oficinas centrales del Issste (Jesús García Corona número 140, a una cuadra de la estación Buenavista del tren y del Metro), tendré el honor de presentar con Martí Batres y otros compañeros el libro Cien años de seguridad social de los trabajadores del Estado, que conmemora la promulgación de la Ley General de Pensiones Civiles de Retiro, que por primera vez en México daba garantías a los trabajadores del Estado para su vejez. Esta ley es parte central de la construcción del Estado de bienestar, que en México es resultado de un formidable movimiento social iniciado en 1910, del que resultó un nuevo pacto sociopolítico plasmado en la Constitución de 1917.
La nueva Constitución no se presentó solamente como la ley suprema de la República: mucho más que eso, era la síntesis de la idea de país que tenían los vencedores de la Revolución, y parte fundamental de la legitimación del régimen que se reclamaba emanado de la Revolución. El Estado de bienestar y las instituciones de que habla este libro tienen su fundamento original en el artículo 123, que recogió las principales demandas del movimiento obrero y estableció los derechos de sindicalización y de huelga; fijó límites a la jornada de trabajo, estableció el salario mínimo y el descanso dominical, prohibió el trabajo infantil y, que es lo que hoy nos interesa, introdujo diversas disposiciones de seguridad, servicios sociales y prestaciones. Además, los constituyentes dieron al Estado –y particularmente al presidente– el papel de mediador en las relaciones obrero-patronales, al asignarle la facultad de autorizar la constitución de las organizaciones laborales y la capacidad de dictaminar sobre la licitud o no de las huelgas.
Fue la legislación laboral más avanzada de la época y un instrumento clave en la conversión de México de un país rural, analfabeta y con una densidad de población de menos de ocho habitantes por kilómetro cuadrado, en un país urbano y moderno –con los balcones luminosos y los sótanos oscuros de las naciones capitalistas dependientes–. Durante décadas, apenas si se le hicieron ajustes para adaptarlo a las nuevas realidades de una nación que crecía y se industrializaba a ritmos vertiginosos (entre 1935 y 1982).
Sin embargo, la Constitución era más un proyecto de nación que la ley que la regía, por lo que sus partes más avanzadas se fueron cumpliendo poco a poco, así, por ejemplo, la Reforma Agraria consagrada en el artículo 27 se empezó a instrumentar como política transformadora de la realidad mexicana en 1935. Fue Calles quien proclamó la Ley de Pensiones de 1925 y la Ley de Pensiones Militares de 1926. Fue también bajo su mandato extralegal que en 1929 se promulgó la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo 123. Con esas leyes se empezaron a cumplir las ofertas de seguridad social que más adelante cuajarían en la historia contada por este libro.
Desde la promulgación de la Ley de Pensiones, los maestros organizados protestaron por su insuficiencia, aunque sus resultados fueron visibles en la lenta construcción del Estado de bienestar y de los derechos sociales de los trabajadores, que se fueron ampliando paulatinamente, como lo muestra la hermosa muestra gráfica del libro sobre los multifamiliares construidos en la década de 1940 para los trabajadores del Estado.
La clave histórica del Issste es el servicio médico (más allá de otras 22 prestaciones directas), y eso lo consiguió el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM), que de 1956 a 1959 encabezó Othón Salazar. Porque, como hemos dicho reiteradamente, los derechos se conquistan. El MRM “nació con un pliego que exigía 40 por ciento de aumento salarial, jubilación tras 30 años de servicio y un servicio médico digno. Las movilizaciones alcanzaron momentos decisivos, la concentración frente a la SEP en 1956, la marcha del 19 de abril de 1958 hasta el Zócalo y la represión del 8 de septiembre del mismo año que llevó al encarcelamiento de Othón Salazar”.
El movimiento magisterial fue reprimido y derrotado, pero de la misma manera que de la derrota de Zapata y Villa en la Revolución mexicana surgieron los artículos 27 y 123, de esta derrota nació el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, creado por decreto presidencial en diciembre de 1959 y que daba respuesta a las demandas de los maestros. En 1960, 300 mil trabajadores del Estado empezaron a tener acceso a las 14 prestaciones con las que inició el Issste.
El libro que presentaremos el jueves es además una obra de arte, por sus fotografías y reproducciones, por su acabado editorial, y porque recupera esta historia. Hoy, el Issste sin duda es insuficiente y enfrenta carencias y problemas que todos los derechohabientes conocemos, pero ha entrado en un muy importante proceso de renovación. Que este libro lo muestre.
