Washington. Un juez federal bloqueó la aplicación de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que estaba dirigida a quienes trabajan con la Corte Penal Internacional.
El fallo sigue a una demanda presentada en abril por dos defensores de los derechos humanos que impugnan la orden de Trump del 6 de febrero que autoriza sanciones económicas y de viajes potencialmente de gran alcance contra personas que trabajan en investigaciones de la CPI sobre ciudadanos estadunidenses o aliados de Estados Unidos, como Israel.
En su fallo, la jueza federal de distrito Nancy Torresen calificó la orden ejecutiva como una violación inconstitucional de la libertad de expresión. "La orden ejecutiva parece restringir la libertad de expresión sustancialmente más de lo necesario para lograr ese fin", escribió.
La orden ejecutiva prohíbe ampliamente cualquier servicio basado en la expresión que beneficie al fiscal, independientemente de si esos servicios beneficiosos se relacionan con una investigación de la CPI sobre Estados Unidos, Israel u otro aliado de Estados Unidos.
La Casa Blanca y la CPI no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
La orden ejecutiva impuso sanciones al fiscal de la CPI, Karim Khan, de nacionalidad británica. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos también lo incluyó en un registro de personas y entidades sancionadas.
