Quito. Aunque algunas organizaciones de base se mantendrán en movilización y protesta, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, anunció este miércoles el fin del paro convocado contra el incremento del precio del galón de diésel, que durante un mes provocó bloqueos en más de 50 puntos en todo el país y una paralización casi total en la provincia de Imbabura, en la Sierra Norte de este país andino.

El Frente Unitario de Trabajadores, algunas asociaciones estudiantiles de Quito y Cuenca, además de filiales de la Conaie de Imbabura han dicho que mientras nos se deroguen las medidas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional no hay motivo para suspender el paro. Al mismo tiempo pidieron al gobierno de Daniel Noboa abrir una mesa de negociación para afrontar la crisis económica y de inseguridad.

En una entrevista con una radio local, Noboa anunció que se despejarían las vías y carreteras y que el paro llegaría a su fin. Destacó ahí que las medidas adoptadas en las últimas semanas no se modificarán y hasta anunció para el próximo año una reducción del precio del diésel. Asimismo, ofreció un plan de reactivación para la provincia de Imbabura que ascendería a 50 millones de dólares, aunque las pérdidas, solo para esa región, según los empresarios, superaría los 70 millones de dólares.

Criticado por sus más cercanos aliados, el presidente de la Conaie, Vargas hizo público un comunicado: "Este paro pudo haberse evitado, si hubiera existido diálogo y sensibilidad antes de imponer decisiones que afectan a los más pobres". Y denunció: “Hemos sido testigos de la brutal represión; producto de eso, tenemos tres muertos, decenas de heridos y comunidades enteras viviendo bajo el miedo. Hemos tomado una decisión difícil, pero necesaria: el cese del paro, despejar las vías".

El presidente de la Conaie pidió a otros sectores sociales impulsar la campaña por el No en la consulta y referendo que promueve Noboa para la instalación de una Asamblea Constituyente, la operación de bases militares extranjeras en Ecuador, la reducción de asambleístas y la eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos: "Llamamos a nuestras bases a replegarse a los territorios y comunidades. La resistencia continúa en asambleas permanentes, en unidad orgánica, para preparar la campaña por el No en la consulta popular y referendo".

Con esta decisión además, la Conaie solicitó desmilitarizar de inmediato a todos los territorios de las comunidades indígenas, la liberación de los detenidos durante las manifestaciones y la reparación a las familias de las víctimas mortales y a los heridos que aún requieren tratamiento médico.

En un mes de paro, según el colectivo Geografía Crítica, las organizaciones indígenas y sociales protagonizaron 610 acciones de protesta. De ellas, 399 fueron cierres de vías, 108 marchas, 68 plantones y asambleas; 19 acciones simbólicas; ocho cacerolazos, cuatro vigilias; y 3 acciones de hecho. Y, al mismo tiempo, hubo tres comuneros asesinados por las fuerzas militares, más de 250 detenidos y alrededor de 150 heridos, algunos de ellos de gravedad, según el reporte de la Conaie.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos registró 296 personas civiles heridas y 15 desaparecidas temporalmente. De la fuerza pública, en tanto, resultaron heridos 49 militares y 24 policías, según los comunicados de los Ministerios de Defensa e Interior.