Ciudad de México. Los seis profesores de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), ubicada en el municipio mexiquense de Texcoco, que protestaron por las reformas a los estatutos universitarios, propuestas por el rector, Ángel Garduño García, y que ocasionó que la casa de estudios les interpusiera una denuncia penal en su contra, acusaron que el retiro de la misma “es un engaño” porque sólo lo hicieron de “manera institucional”, pero continúan los señalamientos penales por supuestas lesiones contra trabajadores de la unidad jurídica de la UACh.

Además, dijeron que en el “desistimiento” no incluyeron a las dos alumnas, Quetzalli Ramírez Matías y Cinthya Guadalupe Molina López, ni al ayudante de investigación, Javier Jiménez Machorro, involucrados en la denuncia.

Todo comenzó con la rescisión del profesor, con más de 50 años de labor, Francisco Zamudio Sánchez, por su oposición a las reformas a los estatutos universitarios de la UACh. A raíz de ese despido, el grupo de académicos realizó una protesta pacífica el pasado 18 de junio afuera de la Unidad Jurídica, ubicada en la colonia de profesores, al exterior de la UACh, para apoyar al docente despedido.

En ese momento la alumna, Quetzalli Ramírez, entraba a dicha sede; pero el personal se lo impidió y quedó apresada entre la puerta, ahí estuvo casi hora y media, incluso fue lastimada por los vigilantes del sitio; acto que fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Texcoco.

En su denuncia interpuesta por las autoridades de rectoría se tergiversaron los hechos, e inventaron lesiones de trabajadores, e iniciaron una querella penal contra los seis profesores, las dos alumnas y el ayudante de investigación, expusieron los afectados.

Por las acusaciones, los profesores realizaron una serie de movilizaciones y pronunciamientos donde denunciaron la política de represión, acoso laboral y despidos injustificados que autoridades académicas, encabezadas por el rector, Ángel Garduño y el jefe de la Unidad Jurídica, Aarón de la Rosa Zubrán, realizan contra la comunidad universitaria. Tuvieron que intervenir autoridades federales para mediar en el conflicto.

Ante las protestas, las autoridades académicas, a través del apoderado legal, Aarón de la Rosa enviaron una carta de desistimiento de las acusaciones a la ministerio público, Verónica Reyes Sánchez, en la que se lee:

“A mi más entero perjuicio y por así convenir a mis intereses, vengo a formular desistimiento en mi carácter de apoderado legal de la UACh, por la denuncia de lesiones, desistimiento únicamente por lo que hace a los CC. Salvador Díaz Sánchez, Melitón Córdoba Álvarez, Enrique Serrano Gálvez, Ángel Leyva Ovalle, Patricia Muñoz Sánchez, Sócrates Silverio Galicia Fuentes”.

“Por lo anterior a usted señor fiscal, solicito atentamente me tenga por presentado en tiempo y forma y no se ejercite acción legal en contra de las personas antes referidas, resaltando que en la presente carpeta de investigación se nombrara con posterioridad el asesor legal de los demás querellantes, por lo que se solicita atentamente, deje a salvo los derechos de Fernanda Yamelith Arredondo Caballero, Micaelina Cruz Molina González, Areli Monserrat Sánchez Villegas, Abigail Chávez Franco, Ana Iliana Robledo Miranda, Nahomi Domínguez Flores y Alfredo Gregorio Teutle Trujano”, refiere el oficio presentado por el jurídico de la UACh.

Los seis acusados mostraron su inconformidad por la forma de desistimiento porque sólo es parcial y no total de las acusaciones y afirmaron que éste no resuelve el problema de fondo. Además, de que el desistimiento sólo contempla a los profesores y no a las dos alumnas y el ayudante de investigación.

“Aquí observamos con preocupación que, en vez de resolver los conflictos por las vías institucionales de diálogo, la UACh optó por una vía punitiva y violenta (en sentido jurídico) al recurrir a la denuncia penal falsa, generando un efecto inhibitorio en la comunidad. La permanencia abierta de la carpeta de investigación, aún cuando la propia parte acusadora se desistió parcialmente, contraviene la prontitud y la imparcialidad, prolongando indebidamente la incertidumbre sobre los tres compañeros que siguen figurando en ella”, manifestaron los académicos.

Exigieron al Consejo Universitario que se pronuncie contra la represión y criminalización contra la comunidad universitaria y gestione y confirme el cierre total, definitivo e inmediato de la carpeta de investigación penal, asegurando que ninguno de los nueve integrantes de la comunidad (6 profesores, 2 alumnas y 1 ayudante) quede sujeto a proceso ni con señalamiento penal alguno.

Destacaron que esto implica que el abogado general de la UACh formalice el desistimiento de la acción penal respecto de todos los imputados, no sólo de manera parcial, y que se realicen las gestiones necesarias ante la autoridad ministerial y judicial para la conclusión del expediente.

La total cancelación de la imputación debe quedar documentada y comunicada por escrito a los interesados y a la propia UACh, afirmaron.

“Exigimos que la UACh proceda a una reparación moral e institucional a favor de las nueve personas que fuimos injustamente acusadas, reivindicando públicamente nuestra honorabilidad y reconociendo la falsedad de los cargos.

“Esta reparación deberá incluir, cuando menos una disculpa pública institucional dirigida a los afectados (profesores y alumnos), la rectificación oficial de cualquier información que nos haya señalado como agresores o responsables de ilícito, y el retiro de cualquier nota desfavorable en nuestros expedientes derivados de este asunto”.

“Asimismo, solicitamos se brinde apoyo sicológico o de otro tipo, en caso de requerir, para mitigar el daño moral causado. Además queremos que se otorguen garantías de no repetición, implementando medidas concretas para cesar el hostigamiento y las represalias contra el pensamiento crítico dentro de la UACh”, difundieron los profesores en una carta.

Por su parte, las dos alumnas y el ayudante de investigación afirmaron que las autoridades académicas mantienen en su contra la denuncia penal “con hechos irreales, sin una indagatoria previa, violando su presunción de inocencia, el debido proceso y la certeza jurídica.”

En una misiva, los afectados señalaron que la institución no llevó a cabo una investigación interna rigurosa que justificara presentar una acusación penal contra integrantes de su propia comunidad lo que vulnera sus derechos fundamentales y envía un mensaje alarmante de represión, a “quien cuestione o proteste será tratado como delincuente. Con ello, la universidad no sólo invisibiliza a la víctima, sino que otorga respaldo institucional a quien fue señalado como responsable de dichas agresiones.”

“Llama poderosamente nuestra atención, en primer lugar, que no hayamos sido informados de manera interna de las supuestas faltas que se nos imputan. Considerando que la alumna vigente al momento de los hechos, Cinthya Guadalupe Molina López, fue víctima directa de agresiones físicas, verbales y amenazas -como consta en su queja formal y en múltiples registros videográficos-, resulta profundamente preocupante que su nombre, así como el de los otros dos firmantes, haya sido omitido en el escrito de desistimiento presentado por la UACh”, reclamaron.

“Consideramos que la Universidad Autónoma Chapingo tiene no sólo el deber moral, sino la obligación legal de velar por la integridad, seguridad y derechos de sus estudiantes, por encima de cualquier otro interés. No exigimos privilegios, sino simplemente el esclarecimiento de la verdad de los hechos y el ejercicio pleno de los derechos que nos asisten”, expusieron.