Ciudad de México. El Colegio Nacional de Voces Jurídicas por México hizo un llamado a las autoridades capitalinas para resolver el conflicto laboral que, desde hace un mes, mantiene en paro al Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX). Advirtieron que, por no atender las justas demandas de los trabajadores, ya se ha generado un acumulamiento de litigios que tomará meses resolver. Los más afectados, afirmaron, son los ciudadanos que buscan justicia, pero también los abogados, quienes se han quedado sin ingresos.
“El hecho de que se retrasen los asuntos en juzgados una semana, para nosotros en una audiencia significa una espera de un mes a mes y medio. Con este retraso y la carga de trabajo que tendrán los empleados al regresar, nos tardará prácticamente de cuatro a cinco meses más, y nuestros clientes necesitan justicia”, explicó el licenciado Martín Alberto Sánchez Sánchez, integrante de la coordinación del Colegio Nacional de Voces Jurídicas por México.
En conferencia de prensa, los integrantes del Colegio —que aseguran representar a más de 300 abogados independientes en varios estados del país— adelantaron que el próximo miércoles acudirán a las oficinas del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Rafael Guerra, para presentar un escrito en el que solicitarán la cancelación de los cobros por trámites de copias simples y certificadas, así como por búsquedas en el archivo judicial, en concordancia con el principio de que la justicia debe ser gratuita, pronta y expedita.
“A nosotros nos afecta más, porque los trabajadores sí van a recibir un ingreso y nosotros no. Dependemos de los justiciables, de las personas que, por nuestra vía, están solicitando justicia. Esa justicia que ahora está paralizada, y que ya tenía meses de retraso, se verá aún más afectada. Hay al menos 15 mil expedientes pendientes de solicitudes, acuerdos y sentencias”, señaló el licenciado Jaime Mendoza, integrante del Colegio.
Por su parte, el abogado postulante José Gilberto Salazar Velasco subrayó que los juzgados y tribunales, como servicios públicos, deben estar abiertos día y noche para garantizar el acceso a la justicia. Acusó al gobierno capitalino y al presidente del tribunal local de haber dejado crecer el problema por no atender las demandas laborales, que incluyen mejoras salariales y condiciones de trabajo para garantizar un óptimo equipo de oficina para cumplir su labor.
“La Ciudad de México está sentando un mal precedente, al evidenciar la falta de capacidad del presidente Guerra para manejar internamente el tribunal, que es un monstruo, uno de los más grandes del mundo, con alrededor de 10 mil o 12 mil trabajadores. Y por otro lado, la jefa de Gobierno no visualizó la problemática: creían que era un asunto menor de carácter laboral, y no lo es; es un problema estructural, de corrupción, que viene del PRI, del PAN y de Morena. Todos los partidos han actuado igual frente a este tipo de situaciones”, declaró.
