Sólo cinco por ciento de los trabajadores mantienen el paro en el Poder Judicial de la Ciudad de México, provocando que diariamente se detengan más de mil 200 audiencias y que un millón 8 mil 72 trámites estén paralizados, en perjuicio de 844 mil 582 personas que acudían diariamente antes de la suspensión de labores que hoy cumple 22 días, señaló el magistrado presidente Rafael Guerra.

Ante esa situación y acompañado del secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, hizo un llamado a los quejosos a reiniciar actividades el próximo lunes para evitar mayores afectaciones, al tiempo que se descartó el uso de de la fuerza pública para reabrir las 17 instalaciones judiciales que se encuentran cerradas.

En conferencia de prensa, Guerra detalló que se han llevado a cabo 20 mesas de trabajo y que en la reunión del pasado miércoles se estuvo a punto de llegar a un acuerdo, pero representantes de un grupo denominado Coalición de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia decidieron no firmar el documento y optaron por mantener el paro de actividades.

Explicó que se ha ofrecido a los paristas un incremento salarial de 5 por ciento y 3 por ciento en prestaciones, así como el pago de un bono extraordinario antes de diciembre, independientemente del que ya se otorga de manera regular, así como el inicio de un proceso de basificación de personal.

Dijo que se firmó la minuta de la política salarial correspondiente con el sindicato mayoritario, que representa a 60 por ciento de los 10 mil 832 trabajadores; sin embargo, alrededor de 600 se negaron a signar el documento, por lo que el paro continúa.

Por su parte, Cravioto mencionó que hubo una votación de los 17 centros de trabajo, de los cuales nueve votaron a favor de la minuta, siete en contra y una abstención; interrogado sobre un trasfondo político en el conflicto, manifestó: no quiero especular, pero digamos que no ha sido muy ortodoxa la forma en que han llevado la negociación. Hay personas que se van, reciben, por ejemplo, víveres, y cuentan con casas de campaña; hay recursos.

Dañan a personas en prisión preventiva

Por otro lado, Arturo Luis Cossío, académico de la facultad de Derecho de la UNAM, aseguró que el paro de labores afecta en mayor medida a las personas que se encuentran privadas de la libertad bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al llevar su proceso recluidos en diferentes centros de reinserción social y sin que se sepa siquiera si cometieron un delito o no y debido a que los asuntos que estaban en la última etapa del procedimiento (juicio), se tendrían que declarar interrumpidos y volver a iniciarlos porque la ley establece 10 días naturales como el tiempo máximo que puede suspenderse la audiencia del juicio, aseguró en entrevista.

Explicó que el número de personas en reclusión y que no tienen sentencia va en aumento, al ampliarse el número de delitos que ameritan esta medida, como son algunos ilícitos fiscales, extorsión, homicidio doloso, violación y delincuencia organizada, entre otros.