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Venezuela patrulla sus costas y prueba sistemas de armas frente a amenaza bélica de EU

El general en jefe, Vladimir Padrino, supervisó el operativo desde las montañas que sirven de guarnición a Caracas y comunican la capital con el litoral central de La Guaira. Foto
El general en jefe, Vladimir Padrino, supervisó el operativo desde las montañas que sirven de guarnición a Caracas y comunican la capital con el litoral central de La Guaira. Foto Afp
25 de octubre de 2025 18:54

Caracas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ejecutó este fin de semana un amplio ejercicio militar en toda la costa del Caribe con despliegues terrestres, aéreos y marítimos en los estados Zulia, Falcón, Carabobo (occidente), Aragua, Miranda, La Guaira (centro), Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta (oriente).

Estos ejercicios, denominados “Defensa de la Costa Independencia 200”, tendrán una duración mínima de 72 horas, y fueron ordenados por el presidente Nicolás Maduro para proteger el territorio nacional de las amenazas externas e internas provenientes del enemigo estadunidense, que ha declarado y reafirmado su intención de agredir a Venezuela y derrocar al gobierno. Así mismo, la movilización incluye vigilancia y prevención en las principales rutas del narcotráfico.

El general en jefe, Vladimir Padrino, supervisó el operativo desde las montañas que sirven de guarnición a Caracas y comunican la capital con el litoral central de La Guaira. “Estamos haciendo ejercicios científicos de alcance de nuestro sistema de armas, para aproximación; La Guaira siempre ha sido una llave para tener acceso a espacios marítimos estratégicos y comerciales”, explicó.

Además de la activación de unidades de patrullaje naval y piezas de artillería terrestre, el despliegue militar incluye la movilización de la Milicia Nacional Bolivariana y las Unidades Comunales de Milicia, conformadas por civiles enlistados y entrenados durante los últimos meses.

Venezuela cuenta con un tipo de organización militar denominado Unidades de Reacción Rápida (Urra) que está compuesto de escuadras de militares profesionales, milicianos y oficiales de policía. Están entrenadas para actuar con precisión y velocidad en situaciones complejas.

Los ejercicios también involucran movilizaciones específicas de generales de guardacostas, unidades de vigilancia costera y unidades de la Policía Nacional Bolivariana.

Consecuencias de apoyar la agresión extranjera

El presidente Nicolás Maduro solicitó al Tribunal Supremo de Justicia retirar la nacionalidad venezolana a cabecilla de un grupo de oposición extremista y prófugo de la justicia Leopoldo López, quien se encuentra en fuga en la ciudad de Madrid, España, luego de escapar de prisión en 2019 donde cumplía condena por delitos violentos contra el Estado.

Esta petición del presidente venezolano responde a las declaraciones emitidas por López durante una entrevista, en la que afirmó que la amenaza de guerra de Estados Unidos contra Venezuela “es lo correcto” y que está de acuerdo con que se realicen ataques aéreos sobre territorio venezolano.

La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, explicó en redes sociales que Maduro está actuando de conformidad con el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar.

Precisó que la acción del ejecutivo nacional responde directamente al “ilegal llamado de López a la invasión militar en la nación venezolana, así como también la promoción del bloqueo económico permanente y el llamado a asesinar masivamente al pueblo en complicidad con gobiernos y enemigos extranjeros”.

Rodríguez informó que “la Cancillería y el SAIME procederán de inmediato, conforme a los procedimientos pertinentes, a la anulación del pasaporte del susodicho”.

La Constitución señala que los venezolanos “tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación”.

Por su parte, la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, aprobada en noviembre del año pasado, establece castigos como penas de cárcel, multas o inhabilitaciones políticas a las personas que promuevan o estén implicadas, de cualquier manera, en la aplicación de sanciones y medidas coercitivas extranjeras contra la república.

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